Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, está decidido a sellar una hoja de ruta jurídica que garantice la permanencia en el poder de Pedro Sánchez y el PSOE, aún a costa de retorcer la Constitución.
Pumpido, exfiscal general bajo Zapatero y ahora al frente del TC, prepara una serie de sentencias clave para blanquear el apoyo recibido en 2017 por los golpistas catalanes y allanar el camino a una amnistía declaradamente inconstitucional. Según fuentes cercanas, esta maniobra permitiría a Sánchez mantener su respaldo político sin pasar por las urnas.
La estrategia no se queda ahí. El Tribunal también planea anular o mitigar las sentencias por los escándalos de corrupción más graves del PSOE, en especial el caso de los ERE, y convertir derechos controvertidos como el aborto y la eutanasia en garantías constitucionales, avances que hasta ahora fueron aprobados por las mayorías legislativas socialistas.
Un guion inspirado en el chavismo para afianzar el sanchismo
El paralelismo con Venezuela es visible y preocupante: cuando Hugo Chávez clausuró la democracia venezolana, usó los tribunales para legitimar su régimen. Pumpido y Sánchez parecen replicar ese patrón, colonizando el TC con una mayoría favorable al Gobierno. La influencia de Pablo Iglesias, vicepresidente durante esta transformación, habría sido clave en compartir estas tácticas.
Pero el golpe final sería la constitucionalización de las leyes de memoria histórica, imponiendo una lectura única, oficial y obligatoria sobre la Guerra Civil y el franquismo, bajo riesgo de multas y censura académica. De esta forma, el relato político del PSOE quedaría blindado para siempre, más allá de los vaivenes electorales.
Críticos señalan que Pumpido, con 75 años y una trayectoria cuestionada, está dispuesto a ensuciar la toga para mantener su estatus y el “sanchismo” vigente, aunque eso signifique poner en riesgo el orden constitucional y la separación de poderes.
La duda ahora es si un eventual gobierno del PP tendrá la voluntad o la fuerza política para revertir estas sentencias y desmantelar el entramado jurídico que blinda al Ejecutivo actual. Desde el PP advierten que aunque quieran, desandar esta ingeniería social y política será complicado y divisivo.
Sánchez y Pumpido creen haber dejado “todo atado y bien atado”, pero la historia reciente española demuestra que nada dura para siempre cuando se intenta forzar el sistema legal y constitucional para intereses partidistas.
