El principio jurídico de proporcionalidad, que exige que las penas sean justas y acordes a la gravedad del delito, está siendo puesto en entredicho en Colombia, según análisis recientes basados en fallos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La Corte Constitucional del país, con ponencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz, ha reiterado que las sanciones deben guardar relación directa con la gravedad de los crímenes. Penas severas se aplican a delitos graves, mientras que los menores deben ser reprimidos con penas correspondientes. Sin embargo, este balance ha fallado en casos recientes.
El Acuerdo de Paz de 2016 ha sido señalado como un ejemplo donde no se respetó este principio, especialmente en decisiones sobre líderes y miembros de las FARC responsables de crímenes atroces, quienes han recibido beneficios que contrastan con largas condenas para gente condenada por delitos menores. Lo mismo ocurre con militares implicados en los llamados “falsos positivos”, involucrados en ejecuciones extrajudiciales, quienes no han pasado tiempo en prisión mientras las cárceles están llenas por delitos menos graves.
Más allá de Colombia, la doctrina internacional y la jurisprudencia de cortes como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos insisten en que la respuesta a un ataque no debe ser desproporcionada ni afectar a civiles inocentes.
Este argumento se aplica también en conflictos armados. El exmagistrado que emitió esta opinión cita el conflicto entre Israel y Hamas tras el ataque terrorista de hace casi dos años, diciendo que la respuesta israelí, aunque legítima, ha sido desproporcionada. Miles de civiles —niños, mujeres, ancianos— han muerto o quedado atrapados en condiciones extremas, lo que ha sido calificado como genocidio en algunos análisis.
En Colombia, el debate sobre proporcionalidad resalta las fallas en el sistema judicial y las consecuencias desde la justicia transicional hasta las sanciones penales para diferentes actores del conflicto armado.
“Las penas más graves deben aplicarse a los delitos más graves; el Acuerdo de Paz no cumple ese principio” – exmagistrado
La discusión continúa abierta mientras las víctimas de crímenes atroces y la opinión pública exigen un ajuste en la justicia para que quede claro que nadie está por encima del principio fundamental de justicia que dicta: ni más, ni menos, sino lo justo.
