Once meses después de la Dana que golpeó la Comunidad Valenciana, más de un centenar de vehículos permanecen abandonados junto al barranco del Poyo, en Riba-roja de Túria. El sitio sigue igual pese a las denuncias y advertencias por el grave problema ambiental que suponen estos coches amontonados y oxidados.
La Generalitat apunta con el dedo a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como responsable de la falta de retirada, mientras este organismo alega que ya actuó para limpiar el cauce y que estos vehículos están en terrenos que no son de dominio público hidráulico, por lo que no son competencia directa suya. Según la CHJ,
se han retirado 68 coches del barranco y se gestionaron como dictan los protocolos, trasladándolos a depósitos temporales.
El conflicto llegó a la Fiscalía Provincial de Valencia en julio, después de que la Conselleria de Medio Ambiente presentara una denuncia identificando 301 coches acumulados en varias zonas: 217 en Riba-roja de Túria y el resto en Quart de Poblet, muchos en el cauce o terrenos muy cercanos.
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, señaló durante el Debate General que entre 700 y 800 coches permanecían en el barranco, lo que agrava el problema ambiental por vertidos y contaminación en la zona.
La CHJ respondió a la Fiscalía en agosto detallando los trabajos realizados para retirar restos vegetales, sedimentos, infraestructuras y vehículos. Explican que intervinieron bomberos, ejército, UME, ayuntamientos y otros organismos, pero que la desaparición reiterada de vehículos de los puntos temporales complica las labores.
Sobre los coches recuperados, la CHJ ha identificado 15 con matrícula o número de bastidor, 8 ya peritados por el Consorcio de Compensación de Seguros y otros pendientes. Además, 38 vehículos quedaron sin identificar formalmente, complicando la gestión y posibles reclamaciones.
La polémica sobre qué organismo debe encargarse de limpiar y retirar estos coches sigue abierta. Mientras tanto, los restos permanecen en el terreno. La Fiscalía mantiene abierta la investigación, sin avances públicos claros sobre responsabilidades o soluciones definitivas.
Este caso refleja las dificultades administrativas y técnicas para gestionar las consecuencias de la Dana que afectó la provincia de Valencia y evidencia un problema ambiental que puede agravarse si no se actúa con urgencia.
