El Tribunal Supremo y la Fiscalía Anticorrupción han detectado una conexión directa entre los pagos en efectivo dentro del PSOE y las presuntas mordidas en contratos públicos relacionados con el Ministerio de Transportes. Un informe reciente de la Guardia Civil (UCO) detalla entregas opacas de dinero vinculadas a José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, apuntando a una contabilidad paralela en Ferraz.
Según fuentes judiciales, los sobres con efectivo para Ábalos se intensificaron tras su nombramiento como ministro, coincidiendo con supuestas adjudicaciones amañadas de obra pública entre 2014 y 2023. La UCO distingue dos circuitos de pagos: uno oficial y otro no declarado, utilizado para cubrir gastos sin justificación documental.
El juez instructor Leopoldo Puente ha solicitado formalmente al PSOE la documentación sobre las retribuciones de Ábalos y Koldo en esa década, ante indicios de fondos en efectivo no registrados. La investigación confirma entregas directas de dinero no declaradas por el partido, algunas desde la propia sede del PSOE en Ferraz.
Claves para el caso son los testimonios de Víctor de Aldama, comisionista, y la empresaria Carmen Pano. Aldama explicó un sistema interno de “cupos territoriales” en el PSOE para repartir los beneficios de contratos manipulados desde 2018, y aseguró que parte de las mordidas iba directamente al partido. Carmen Pano confirmó haber entregado 90.000 euros en efectivo en Ferraz, divididos en dos pagos de 45.000, ordenados por Aldama.
El informe Cerdán, incorporado a la causa, revela el uso de códigos internos para referirse al PSOE. En conversaciones interceptadas, Koldo García y el empresario José Ruz Martínez usaban la palabra “ganadería” para identificar al partido.
La coincidencia temporal entre los sobres con dinero opaco y los contratos públicos amañados es el elemento que el Supremo considera determinante para avanzar en la investigación. De confirmarse que el dinero de las comisiones ilegales terminó financiando al PSOE, podría configurarse un delito grave de financiación irregular, sancionado tras el escándalo de los papeles de Bárcenas.
Fuentes judiciales aclaran que el informe de la UCO no realiza juicios de valor, pero los datos son concluyentes y deberán contrastarse con testimonios y demás pruebas. La causa entra en una fase decisiva que podría implicar responsabilidad penal directa para el PSOE como persona jurídica, amparada en la reforma legal aprobada en 2012.
Este nuevo impulso judicial abre un frente complicado para el PSOE, que ahora deberá explicar la supuesta “caja B” y la posible conexión entre sobornos y financiación del partido. El camino a seguir será clave para determinar el alcance y las consecuencias de estas irregularidades.
