La investigación sobre posibles sobrecostos en las recientes campañas electorales del Rassemblement National (RN) avanzó este julio con la realización de importantes incautaciones en imprentas señaladas como próximas al partido. Estas medidas, ordenadas por los jueces de instrucción el 11 de julio, llegaron dos días después de las investigaciones aplicadas en la sede nacional del RN.
Las pesquisas se concentran en sospechas de financiamiento ilegal vinculadas a las elecciones presidenciales y legislativas de 2022, así como a las europeas de 2024. Dos líneas de investigación destacan: la concesión de préstamos ilegales a favor del RN y el posible pago de facturas infladas o ficticias presentadas para reembolso estatal bajo el régimen oficial de costos de campaña.
El foco principal de las incautaciones afecta la segunda modalidad, intentando probar si varias imprentas habrían aumentado artificialmente sus tarifas para obtener más fondos públicos y si parte de este dinero habría regresado al partido o solo beneficiado a los proveedores.
Entre las firmas intervenidas se encuentra Roto Presse du Centre (RPC), cuya cuenta fue bloqueada por cerca de un millón de euros. RPC es un actor clave en la impresión del material de propaganda para el grupo europeo vinculado al RN, “Patriotes pour l’Europe”, con contratos que alcanzaron los 150.000 euros en la segunda mitad de 2024. También fue incautada su casa matriz, Imprimatur, liderada por Jean-Philippe Tauran, principal impresor del RN desde 2019, según medios nacionales.
Otra sociedad afectada es el Groupement des imprimeurs français (GIF), controlado por Paul-Alexandre Martin, ex candidato RN y figura cercana a grupos de extrema derecha relacionados.
Hasta ahora, ninguno de los implicados ha sido formalmente acusado y todos mantienen la presunción de inocencia. Tampoco el fiscal de París ha comentado públicamente las incautaciones.
Desde el RN, Wallerand de Saint-Just, delegado para asuntos jurídicos, denunció las investigaciones como “abusivas” y defendió la legalidad de aplicar tarifas oficiales a los recursos electorales. Recordó un fallo de 2023 que despejó al partido de cargos similares en la elección de 2012, argumentando que los precios oficiales son compartidos por todos los candidatos y que el Estado no puede reclamar fraude por ello.
La pesquisa sigue abierta, con foco en revelar si un sistema oculto de sobreprecios financiaba al RN o era un beneficio exclusivo de prestadores.
