Los españoles reciben un promedio de tres llamadas spam diarias, según FACUA, y el problema no cede a pesar de las leyes vigentes y promesas de reforma.
Más del 98% de los consumidores afirma sufrir llamadas comerciales no solicitadas, un síntoma evidente de la ineficacia para frenar este abuso telefónico. La solución legislativa más ambiciosa, la Ley de atención a la clientela, que busca proteger a los usuarios con medidas claras, está paralizada en el Congreso.
Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), explica que esta norma incluiría cambios importantes: la nulidad de contratos firmados vía llamadas no autorizadas, la obligación de renovar cada dos años el consentimiento para recibir llamadas y la transparencia en renovaciones de servicios online.
“Necesitamos sanciones efectivas para que las grandes empresas cumplan la ley, porque por ahora las quejas crecen y el spam no afloja”
Aunque esta ley no está activa, España ha dado pasos con la Ley general de telecomunicaciones de 2023, que reconoce el derecho de los usuarios a no recibir llamadas comerciales sin previo consentimiento. Paralelamente, desde el Ministerio de Transformación Digital se prohibió el uso de numeración móvil oculta para llamadas comerciales, pero las empresas migraron al uso de teléfonos fijos para saltarse esta restricción.
Las compañías telefónicas están obligadas a bloquear llamadas que no cumplan estas normas, pero la Autoridad Española de Protección de Datos (AEPD) sigue recibiendo más de 4.000 denuncias por spam telefónico, lo que confirma la persistencia del problema.
La denuncia recurrente de usuarios es que la publicidad comercial no deseada proviene de grandes empresas que incumplen las normas, usando incluso reseñas falsas para generar confianza.
En tecnología, hay avances: iOS 16 incorporó una función para detectar y bloquear llamadas spam, mientras que el iPhone también podrá contestar llamadas automáticamente para filtrar esas molestias.
Pero la batalla contra las llamadas no solicitadas sigue pendiente de una ley que termine de concretar sanciones y garantías reales para los usuarios.
