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CEP denuncia presión y caos en Policía por juicios por videoconferencia en Ceuta

Policías en Ceuta denuncian amenazas y caos interno por obligación de juicios por videoconferencia.

La Confederación Española de Policía (CEP) ha puesto en evidencia una crisis interna en la Policía Nacional de Ceuta debido a la imposición del uso de videoconferencias para asistir a juicios, una medida que ha generado confusión, presiones y denunciadas amenazas disciplinarias contra los agentes.

El secretario provincial y regional de la CEP, Eduardo García, criticó duramente la gestión interna que está afectando los derechos laborales del cuerpo, especialmente en el contexto de las citaciones judiciales. Según García, pese a la cercanía del juzgado –a solo 3 kilómetros del lugar de trabajo– se obliga a los policías a usar sus dispositivos personales para testificar vía videoconferencia, lo que consideran un recorte injustificado del tiempo laboral.

“¿Por qué exigir videoconferencia para algo a sólo diez minutos en coche y con el juzgado tan cercano? Esto no es una norma oficial sino una interpretación interesada para arañar horas de los agentes”, afirmó García.

La CEP denuncia que quienes no acaten esta directriz se enfrentan a expedientes disciplinarios, un escenario que crea un ambiente de alta presión y malestar en la plantilla. Además, cuestionan las directrices contradictorias internas, ya que diferentes unidades dentro de la misma jefatura aplican criterios diferentes, generando inseguridad jurídica entre los policías.

La falta de personal es otro detonante clave. La CEP alerta que la gestión prioriza la máxima productividad sacrificando el descanso legal y la salud laboral, lo que puede afectar la calidad del servicio en puntos críticos como la frontera del Tarajal.

“La fatiga afecta directamente a tareas delicadas como la comprobación de documentos en frontera”, recordó García, que además indicó que tras numerosos avisos a la Dirección General de la Policía no ha recibido respuesta.

La CEP exige a la Dirección General y al Ministerio del Interior que establezcan cuanto antes un protocolo claro y oficial para las audiencias judiciales por videoconferencia, que respete los derechos procesales y laborales de los agentes y ponga fin a las amenazas y discordancias internas que deterioran el clima laboral.

Por último, García advirtió que esta ambigüedad solo legitima el control arbitrario sobre los policías y subrayó:

“Se está jugando con los policías, quienes deberían ser protegidos y en cambio sufren este caos que generan sus mandos”

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