El Gobierno nacional promulgó hoy la Ley 27.797, conocida como “Ley Nicolás”, que busca prevenir diagnósticos errados y reducir la mala praxis en el sistema sanitario argentino.
La norma lleva el nombre de Nicolás Deanna, un joven de 24 años que murió en 2017 debido a una meningitis bacteriana no detectada a tiempo. La ley fue impulsada por la madre de Nicolás y otras familias afectadas, y fue aprobada por unanimidad en el Senado el 18 de septiembre.
La Ley Nicolás establece un marco legal para garantizar una atención médica segura y de calidad, centrada en el paciente. Para ello, introduce el uso obligatorio de protocolos estandarizados, auditorías de seguridad y sistemas de gestión para monitorear y minimizar los errores médicos.
Uno de los conceptos centrales es la implementación de una “cultura justa”, que apunta a tratar los incidentes sanitarios sin criminalizar al personal médico, para aprender y fortalecer las instituciones.
Además, la ley obliga a las instituciones a mantener canales efectivos para reclamos y denuncias, sin represalias para quienes los realicen, garantizar la cantidad adecuada de personal y regular los turnos laborales para evitar el desgaste físico y mental de los trabajadores de salud.
Creación del Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC)
Un punto clave de la Ley Nicolás es la creación del RUDEC, que funcionará dentro del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Todas las instituciones de salud deberán reportar los eventos graves o “centinela”, que serán analizados con confidencialidad para evitar la repetición de los mismos errores.
El RUDEC publicará informes anuales sobre estos incidentes, fortaleciendo la transparencia y la prevención en el sistema público y privado.
La ley también establece controles periódicos de la idoneidad profesional a través de la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS), que estará disponible al público para consultar sanciones, inhabilitaciones y resultados de evaluaciones.
La Ley Nicolás entrará en vigencia 180 días después de su publicación oficial, y el Poder Ejecutivo tiene el mismo plazo para reglamentarla. El Ministerio de Salud será responsable de los recursos para su implementación.
Con esta ley, el Estado avanza en una política federal de seguridad del paciente, responsabilidad profesional y prevención de errores médicos, en homenaje a Nicolás Deanna y todas las víctimas de mala praxis evitables.
