La Comisión Europea anunció este miércoles la apertura de un procedimiento de infracción contra España por la multa de 179 millones de euros que el Gobierno impuso hace casi un año a varias aerolíneas. Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea fueron sancionadas por cobrar suplementos por el equipaje de mano y por reservar asientos contiguos para acompañar a personas con dependencia.
Bruselas considera que la Ley de Navegación Aérea española limita la libertad de las aerolíneas para fijar sus precios y viola las normas del mercado único europeo. La Comisión da un plazo de dos meses a las autoridades españolas para responder a las irregularidades señaladas y negociar una solución.
El proceso abre una ronda de diálogo entre España y la Comisión Europea. Si Madrid no corrige su posición, Bruselas avanzará a una segunda fase que implica el envío de un dictamen motivado. En caso de persistir el desacuerdo, el caso podrá escalar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que podría dictar una sentencia vinculante para España.
La multa española fue polémica desde su anuncio por afectar directamente a las tarifas que cobran las aerolíneas por servicios que, hasta entonces, no estaban regulados en ese sentido. Las compañías defienden su derecho a fijar precios conforme al mercado y consideran que la regulación española es excesiva y limitante.
Desde Bruselas, insisten en que la libre competencia y la libertad para establecer precios son pilares del mercado único y no se pueden restringir unilateralmente con normas nacionales.
Ahora España tiene dos meses para justificar su norma o proceder a modificarla. De no hacerlo, la Comisión avanzará ineludiblemente a etapas más duras del procedimiento sancionador.
