Stephen Miller, asesor principal de política de la Casa Blanca, encendió la polémica esta semana al afirmar en CNN que el presidente de Estados Unidos tiene “plenary authority” —autoridad total— para desplegar fuerzas militares pese a oposición estatal.
La frase, que se viralizó rápidamente, desató un intenso debate en redes sociales y entre expertos legales sobre los límites reales del poder ejecutivo. Miller defendió que bajo el Título 10 del Código Federal el presidente puede actuar sin consentimiento local ni estatal para garantizar seguridad nacional y orden público.
Pero expertos y analistas legales refutaron la interpretación. El poder presidencial para activar tropas internamente, si bien amplio bajo leyes como la Insurrection Act, nunca ha sido absoluto ni sin restricciones legales o supervisión del Congreso y tribunales. Constitucionalistas recuerdan que ningún mandatario estadounidense tiene autoridad ilimitada para ese tipo de despliegues militares.
El momento destacó aún más al viralizarse un video donde Miller parece titubear explicando el concepto de “plenary authority”, una expresión jurídica que significa el poder completo dentro de un área específica, pero que en democracias enfrentan siempre límites constitucionales o legales.
El término ha tenido relevancia en casos históricos, por ejemplo, la Corte Suprema reconoció en 1892 en el caso McPherson v. Blacker que las legislaturas estatales tienen autoridad plena para decidir sobre la designación de electores presidenciales. También, tradicionalmente se ha considerado que el Congreso tiene autoridad plenaria sobre inmigración y nacionalidad, aunque el ejercicio de ese poder está sujeto a derechos constitucionales y debido proceso.
La controversia llega en un momento en que el Tribunal Supremo de EE.UU. se prepara para analizar varias demandas sobre límites al poder presidencial este nuevo periodo judicial. Entre los casos claves figura el uso de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) para imponer aranceles, un tema que podría redefinir la supervisión legislativa sobre decisiones económicas y de seguridad nacional del presidente.
Además, el Congreso está promoviendo el Trade Review Act de 2025 para aumentar su control sobre las decisiones presidenciales en comercio exterior, reflejando un pulso en Washington sobre la extensión del poder ejecutivo.
Mientras tanto, el debate de Miller en los medios estadounidenses subraya la tensión constante entre la necesidad de acción rápida frente a emergencias y las garantías constitucionales que limitan la autoridad presidencial en una democracia.
