La crisis social en Ecuador se intensifica con la continuidad del paro nacional convocado por la Conaie. Los indígenas mantienen bloqueos en el norte del país, especialmente en las rutas que conectan Imbabura con Pichincha y Carchi, y exigen la derogación del decreto que eliminó el subsidio al diésel.
El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, aseguró que el movimiento “se mantendrá firme en las calles” hasta que el Gobierno de Daniel Noboa detenga la criminalización de las protestas, reduzca el Impuesto al Valor Agregado y atienda la crisis en salud pública y el alza en el costo de vida.
El conflicto alcanzó un punto crítico el 7 de octubre cuando una caravana presidencial fue apedreada en la provincia de Cañar mientras Noboa visitaba una comunidad indígena. El Gobierno calificó el hecho como un “intento de asesinato y un acto de terrorismo” y detuvo a cinco personas por el ataque.
El alcalde de Cañar, Segundo Yugsi, advirtió previamente sobre posibles incidentes, pero estas alertas fueron ignoradas por las autoridades encargadas de la seguridad presidencial, lo que revela graves fallas en la coordinación y prevención.
“Nos han acusado de terroristas y saboteadores, pero nuestra lucha sigue adelante”, dijo Vargas, denunciando represión en provincias como Imbabura, Otavalo y Cotacachi.
La Conaie también afirmó que los detenidos no son manifestantes y que serán enjuiciados injustamente. Acusaron al Gobierno de provocar la violencia ingresando a zonas en resistencia indígena y censuraron la falta de previsión de seguridad.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, calificó la agresión como “sin precedentes” y advirtió que “no se permitirá que nadie amenace con tomarse Quito”. Se desplegaron fuerzas especiales para proteger las carreteras y la capital, según informó el ministro del Interior John Reimberg.
Hasta ahora, el paro llega a más de dos semanas con bloques en 8 vías importantes. Hay reportes de 117 personas privadas de la libertad, incluyendo 11 menores y 10 mujeres, además de decenas de heridos. Las protestas se producen a pocos días del feriado nacional del 9 de octubre y amenazan con prolongarse si no se abre un diálogo político.
La movilización indígena rechaza no solo la eliminación del subsidio al diésel, sino también una serie de políticas neoliberales que consideran agravantes de la pobreza, exclusión y violencia estructural en Ecuador.
