La reforma de la tarificación eléctrica prevista para entrar en vigor el 1 de enero de 2026 no blindará a los consumidores frente a las fuertes variaciones del mercado, según un informe parlamentario divulgado hoy. La misión de información de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional advierte que esta reforma aumentará la exposición de los hogares a la volatilidad de los precios.
El informe, presentado por Philippe Bolo (MoDem) y Maxime Laisney (LFI), destaca que las medidas adoptadas hasta la fecha no han logrado estabilizar las tarifas eléctricas y llama a explorar nuevas soluciones, entre ellas un mayor papel del Estado para controlar mejor los precios.
Entre las 19 recomendaciones del documento figuran ajustar la fiscalidad de la electricidad para disminuirla en comparación con la del gas, y estudiar la aplicación de un tipo de IVA reducido del 5,5% para el consumo eléctrico básico de los hogares. Se trata de aliviar las facturas sobre los tramos indispensables del suministro energético.
La reforma también prevé el fin del sistema Arenh, vigente desde 2011. Este mecanismo obligaba a EDF a vender parte de su producción nuclear a bajo costo a competidores y grandes consumidores industriales para cumplir con las normas europeas de competencia. Este esquema será reemplazado por un sistema articulado en dos partes: EDF podrá negociar libremente su electricidad nuclear mediante contratos a medio y largo plazo para dar mayor estabilidad, y un “versement nucléaire unique” (VNU) permitirá recuperar parte de las ganancias de EDF por encima de ciertos límites y redistribuirlas a los consumidores.
Sin embargo, el informe subraya la “complejidad” y la “falta de claridad” del VNU. Las condiciones de aplicación aún no están definidas por el gobierno, y según cálculos de la Comisión de Regulación de la Energía, debido a los precios actuales, los consumidores probablemente no recibirán compensaciones bajo este mecanismo en 2026.
La reforma busca adaptarse a un mercado eléctrico más abierto y competitivo, pero el riesgo es que los hogares paguen más en un contexto de alta volatilidad. Los parlamentarios reclaman en el informe que el Estado asuma un rol más activo para garantizar precios más justos y evitar subidas abruptas que afecten a los franceses.
Con la eliminación del Arenh y la puesta en marcha del nuevo esquema, EDF tendrá también mayor libertad para posicionar su producción nuclear, mientras que el VNU debe compensar a los consumidores, aunque sus detalles y eficacia estén aún en duda.
La expectativa es que en los próximos meses el gobierno precise los mecanismos y responda a las alertas que emite esta misión parlamentaria para evitar que la reforma sea un golpe para los hogares.
La reforma eléctrica es clave para la política energética nacional. Si no aporta seguridad en precios, podría agravar la incertidumbre en un mercado ya marcado por la inflación y la presión energética mundial.
