El bloqueo del Gobierno británico para impedir que migrantes que llegaron en botes pequeños soliciten la ciudadanía podría ser declarado ilegal, según una demanda por derechos humanos que plantea un desafío judicial serio.
Una firma de abogados, Wilson Solicitors, ha solicitado permiso para revisar judicialmente las nuevas medidas introducidas por el gobierno Labour, que “normalmente” niegan la ciudadanía a quienes entraron ilegalmente, por ejemplo en pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha.
Este recurso legal sostiene que la política viola varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos (ECHR) y la Convención de Refugiados, especialmente en lo que respecta al derecho a la vida familiar (Artículo 8) y la asimilación y naturalización de refugiados (Artículos 31 y 34 de la Convención). Si procede, el caso podría ser juzgado a mediados de 2026 por el Tribunal Superior.
La controversia pone en aprietos al primer ministro Keir Starmer y su gabinete, que han asegurado que no retirarán al Reino Unido del ECHR, en contraste con el Partido Conservador, cuyo líder en la sombra Kemi Badenoch confirmó que sacar al país del tratado es ahora política oficial del partido para proteger las fronteras.
Mientras tanto, la realidad sobre el terreno es dura: solo 26 migrantes han sido deportados a Francia desde el inicio en agosto de un ambicioso plan “uno dentro, uno fuera”, según confirmó el Home Office. En paralelo, más de 10,000 personas han cruzado la costa británica en pequeñas embarcaciones solo últimamente, con un récord de 1,075 en un solo día esta semana.
El programa Labour, que está derogando partes claves de la ley de inmigración que aprobó el Partido Conservador en 2023, aplica ahora una norma que niega la ciudadanía a cualquiera que haya entrado ilegalmente, pero con nuevas definiciones que, según los críticos, son más débiles y más vulnerables a impugnaciones legales.
Chris Philp, secretario en la sombra para el Interior, criticó duramente la decisión de Labour:
“Los inmigrantes ilegales nunca deberían obtener la ciudadanía. Labour cometió un grave error al revocar la Illegal Migration Act.”
Philp insiste en que solo un abandono total del ECHR permitirá al Reino Unido proteger eficazmente sus fronteras. Mientras, la firma Wilson Solicitors actúa en nombre de un refugiado sirio anónimo que quedó bloqueado por estas reglas.
La cifra total de migrantes que han llegado a Reino Unido desde que Labour está en el poder ya supera los 58,000, un alza del 33% respecto al año pasado. Por ahora, el retorno de migrantes a Francia sigue siendo marginal frente a la cantidad que siguen llegando.
La batalla legal sobre este asunto se anticipa como un duro enfrentamiento que marcará la política migratoria británica en 2026 y podría tener un impacto directo en la capacidad del Gobierno para controlar quién puede obtener la ciudadanía tras entrar ilegalmente al país.
