La educación privada en Uruguay está en alerta máxima. En el último año la matrícula se desplomó un 13%, pasando de 72.387 alumnos a 62.971. La combinación letal de la baja natalidad, la migración de familias desde el centro de Montevideo a zonas más periféricas y secuelas de la pandemia explican esta crisis.
La institución Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) anunció que cerrará su colegio al finalizar el año lectivo, sumándose a tres escuelas más que tomaron la misma decisión: la Escuela Los Vascos, el Jardín Sonrisitas y la Escuela Clínica del Cerro, especializada en niños con discapacidad.
Según la ANEP, las normas establecen que cualquier cierre debe notificarse con 90 días de anticipación para que las familias puedan tomar medidas.
El declive demográfico es claro: en 2023 se registraron solo 31.381 nacimientos, cifra que impacta directamente en la demanda de plazas escolares. La pandemia aceleró el éxodo de familias, quienes por teletrabajo optan por colegios cercanos a sus hogares, reduciendo la matrícula especialmente en niveles iniciales y educación especial.
En cinco años, siete de cada diez colegios privados perdieron estudiantes y uno de cada diez vio su matrícula caer a menos de la mitad. Los colegios pequeños son los más afectados y vulnerables.
Ante la situación, ACJ ofreció a sus alumnos actividades extracurriculares gratuitas y apoyo en la transición a otras escuelas. Durante 2024, al menos seis colegios privados anunciaron cierres totales, aunque algunos fueron salvados por la intervención de los padres.
La crisis de la educación privada uruguaya marca un golpe duro que, por sus similitudes, puede ser un llamado de atención para otros países de la región sobre el impacto demográfico y social post-pandemia en el sector educativo.
