El colectivo Pena Sin Culpa urgió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a retomar el debate pendiente sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, tras una resolución internacional que obliga a México a modificar estas medidas cautelares en el sistema penal.
La solicitud fue entregada directamente al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, por el abogado Simón Hernández León y Daniel García Rodríguez, quien protagonizó el caso García Rodríguez y otro vs México. En enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó la inaplicación de ambas figuras, por considerar que violan derechos humanos.
García Rodríguez pasó más de 17 años preso bajo prisión preventiva oficiosa, acusado del homicidio de la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés, en 2001. Él denunció que esta figura se ha convertido en una herramienta de extorsión y que el sistema de justicia está desconfigurado desde 2008, con el ministerio público actuando como juez.
“Venimos a hacer un llamado de atención muy importante a los ministros, respecto a las repercusiones y de lo que ha generado esta barbaridad en México desde el año 2008”
El colectivo insistió en que las discusiones se realicen siguiendo el nuevo marco aprobado por la SCJN en septiembre pasado con el Acuerdo General número 5/2025, que establece la obligación de realizar una audiencia pública antes de que los ministros deliberan este tipo de temas.
“La Suprema Corte iniciaría una etapa de cara a la sociedad convocando a familiares de personas privadas de la libertad, expertos, universidades y organismos internacionales para garantizar un debate transparente y centrado en derechos humanos”, explicó Pena Sin Culpa.
El tema quedó pendiente en la integración anterior de la Corte, que nunca logró consenso para cumplir con la sentencia internacional. Con la nueva conformación del Pleno y las reglas actuales, la organización espera que finalmente se discuta y modifique esta figura, clave para transformar el sistema penal mexicano.
