Este jueves llegaron a la Cámara de Diputados las iniciativas para una nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, anunciadas hace dos semanas por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Las propuestas buscan frenar delitos hídricos con sanciones más duras, incluyendo la extensión de dominio, y acabar con la “mercantilización” del agua, fenómeno que se arraigó desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El objetivo es garantizar el agua como un derecho humano y un recurso nacional, no una mercancía.
Entre los puntos clave está la creación de un fondo nacional de aguas, la desaparición del mercado negro del agua y la eliminación del régimen que permite la transferencia de derechos entre particulares. La reforma establece que el Estado mexicano será el único responsable de regular el uso del agua.
La iniciativa instruye que cualquier concesión no usada para el propósito autorizado tendrá que regresar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para una mejor redistribución. Además, se cambiará el actual Registro Público de Derechos de Agua por un Registro Nacional del Agua para garantizar mayor control y transparencia.
También se ajustan las reglas para la cuota de garantía, buscando eliminar el acaparamiento y asegurar que el agua llegue a quienes realmente la necesitan. Las reformas promueven un uso racional del agua y reconocen los sistemas comunitarios como parte fundamental para su gestión.
“El propósito es garantizar el derecho humano al agua y eliminar la visión neoliberal de verla como mercancía”, dijo Sheinbaum en su cuenta de X.
Se fortalecerán los mecanismos para detectar usos irregulares y el incumplimiento de obligaciones, con un catálogo de delitos hídricos actualizado y sanciones más estrictas. También buscan garantizar que el agua para uso agrario apoye la soberanía alimentaria del país.
La presidenta firmó las iniciativas el pasado 1 de octubre y ahora quedaron en manos del Congreso para su análisis y eventual aprobación.
