El salario mínimo en Colombia para 2026 podría dejar de ser único y variar según la inflación de cada ciudad, generando diferencias que superan los $48.000 mensuales entre zonas del país.
Según datos recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la inflación anual a septiembre de 2025 no es uniforme: Pereira tiene la más alta con 6,09%, mientras Santa Marta reporta la más baja con 2,64%. Actualmente, el salario mínimo vigente es de $1.423.500 y su aumento anual se calcula con base en la inflación promedio nacional de 5,18%.
Si el incremento se definiera por ciudad, Pereira tendría un salario mínimo estimado en $1.509.251, mientras que en Santa Marta sería de $1.461.104. Este método dejaría a ciudades grandes como Bogotá ($1.500.631), Medellín ($1.499.263) y Cali ($1.488.428) por encima o por debajo del promedio nacional.
Estos datos revelan disparidades en el poder adquisitivo y cuestionan la pertinencia de un salario mínimo uniforme en todo el país. La Asociación Nacional de Empresarios (Andi) coincide en que ajustar el salario por regiones mejoraría la competitividad y el empleo, pero advierte sobre la complejidad administrativa que implicaría un sistema segmentado.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo y expertos consultados alertan riesgos como una posible migración laboral hacia ciudades con salarios más altos y complicaciones para empresas con operaciones en varias regiones.
El exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo, ha defendido la regionalización salarial como una solución “rápida” ante la coyuntura económica, señalando que el país ya cuenta con segmentaciones por regiones basadas en las líneas de pobreza elaboradas por el Dane para 25 regiones, incluyendo áreas urbanas pequeñas y rurales.
“La existencia de estas líneas de pobreza y la evidencia de costos de vida distintos debieron permitir una política salarial regionalizada, pero este tema ha recibido poca atención”, dijo Oviedo.
La principal barrera para la implementación de esta medida es política y legal. Modificar el sistema requiere cambios en la Constitución y la legislación laboral, procesos complejos que necesitan consensos políticos amplios. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana también coincide en que una reforma constitucional es indispensable.
En el pasado, la exministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez aclaró que “aún no existen estudios oficiales ni consensos políticos suficientes para establecer salarios mínimos diferenciados”.
Por ahora, la discusión sobre regionalizar el salario mínimo en Colombia continúa abierta. Los datos de inflación dispar en distintas ciudades vuelven insistente el debate sobre justicia salarial y la pertinencia de adaptar los ingresos mínimos al costo de vida real.
