La Comunidad de Madrid se niega a crear un registro de médicos objetores de conciencia para abortos y califica esta polémica como una “cortina de humo”. El Gobierno regional defiende que tiene el “derecho a decidir” si debe implementarse y sostiene que dicho registro “no aporta absolutamente nada”.
La negativa llega tras el anuncio de la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien estudia posibles acciones legales contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acusándola de “desacato” y “desobediencia” por no cumplir con la orden de registrar a los médicos que se niegan a practicar abortos en la sanidad pública.
El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, afirmó que “cada administración se puede organizar como considere” y subrayó que nadie cuestiona que el aborto está garantizado en Madrid. Añadió que la Comunidad tiene tres meses para responder al requerimiento del Ejecutivo central, que ya ha avanzado que autonomías como Asturias, Baleares y Aragón crearán el registro.
“Nos parece bastante absurdo señalar a un médico por no querer realizar abortos, se recoge a quienes no realizan esa práctica, no a los que sí lo hacen” dijo García.
El portavoz también acusó a la vicepresidenta Yolanda Díaz de buscar excusas para proteger al presidente Pedro Sánchez. La negativa madrileña se produce mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, emitió un comunicado defendiendo el derecho al aborto y asegurando que no hay contradicción con la postura de Ayuso.
El rechazo del registro ha provocado duras reacciones políticas. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, criticó duramente a Ayuso: “Las mujeres no se tendrán que ir a ningún otro sitio, la que sí tendrá que irse es la señora Ayuso, a su casa para dejar de entorpecer y contaminar la convivencia”.
Por su parte, Más Madrid censuró que se califique el registro como una “lista negra” cuando ya existe un registro similar para el personal objetor en la eutanasia.
Desde el PP, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, expresó que “están en contra de las listas negras pero que debe cumplirse la ley”.
El pulso entre Madrid y el Gobierno central suma tensión al debate sobre la objeción de conciencia en la sanidad pública y el acceso al aborto, que sigue muy presente en la agenda política española.
