La Ley de Vivienda de Andalucía superó este sábado en el Parlamento el debate a la totalidad, quedando a un paso de su aprobación definitiva, pero solo con el apoyo del Partido Popular (PP), que dispone de mayoría absoluta.
El PP garantizó la aprobación de la norma pese al rechazo unánime de todos los grupos de la oposición, que ven la ley como insuficiente y vacía de compromisos reales para afrontar la crisis habitacional en la región.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, intentó quitarle peso político al conflicto y apeló al diálogo explicando que la ley surgió con “alta participación” social, recibiendo 605 alegaciones, de las cuales aceptaron «hasta un 80%».
Díaz aseguró que la norma impulsará la oferta de vivienda protegida en venta y alquiler, así como incrementará la disponibilidad de suelo para estos fines, y defendió que la solución está en aumentar la oferta con precios asequibles en lugar de aplicar medidas “intervencionistas”.
Sin embargo, el rechazo de la oposición fue contundente.
El PSOE-A denunció que la ley no cumple el mandato constitucional que garantiza el derecho a vivienda y carece de garantías jurídicas y económicas para asegurar su cumplimiento. La calificaron de “vacía de compromisos” y criticaron que no aborda la emergencia habitacional.
Vox coincidió en que la ley no protege los derechos de los andaluces, considerándola un “proyecto vacío” que no responde a las necesidades actuales.
Por su parte, la coalición Por Andalucía apuntó que el texto no aporta soluciones a los problemas graves en vivienda y que solamente favorece a una minoría económica privilegiada.
Finalmente, Adelante Andalucía calificó la ley de “fuera de la realidad” y acusó al gobierno regional de promover “pelotazos urbanísticos”, señalando que no se contempla frenar el crecimiento de apartamentos turísticos ni limitar los precios del alquiler para familias en apuros.
La ley inicia ahora su trámite en comisión parlamentaria. En esa fase, agentes sociales y grupos podrán presentar enmiendas parciales. Pero será el PP quien decida si acepta cambios tras el rotundo rechazo inicial.
El debate viene en un momento en el que la necesidad de aumentar la vivienda protegida asequible es un reclamo constante en Andalucía, agobiada por precios altos y baja oferta.
Con esta ley el gobierno popular aspira a marcar un legado legislativo antes de acabar la legislatura, mientras la oposición mantiene su postura crítica, anticipando que la lucha continuará en comisión y futuras sesiones.
