La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) desató una ola de críticas al pedir a los medios de comunicación entregar actas, relatorías y manuales editoriales bajo amenaza de sanciones administrativas. La solicitud fue vista como un intento grave de censura indirecta y una violación flagrante a la autonomía editorial y la libertad de prensa en Colombia.
El requerimiento oficial, que causó estupor entre periodistas y defensores de la democracia, buscaba interferir en la deliberación interna de salas de redacción, lo que atenta directamente contra los artículos 20, 73 y 74 de la Constitución, que garantizan la libertad de expresión y el secreto profesional. Otros actores señalaron que la medida sentaba un peligroso precedente, especialmente en un contexto político marcado por debates sobre los límites autoritarios del actual gobierno.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) exigió explicaciones públicas a la CRC para conocer los propósitos detrás de esta acción. La organización advirtió que esta decisión genera recelos sobre el respeto al pluralismo informativo y pone en riesgo la independencia de medios para fijar sus líneas editoriales sin interferencias estatales.
Aunque los comisionados de la CRC se retractaron y aclararon que la solicitud fue “voluntaria y no investigativa”, persisten dudas sobre la intención real detrás de la petición, y piden que se retire la carta de inmediato. En la opinión pública, el episodio encendió alarmas sobre el control estatal disfrazado de inspección, en un país donde ya se debate la concentración del poder y límites a la libre expresión.
El presidente Gustavo Petro desaprobó la iniciativa, especialmente en un entorno donde él mismo sostiene enfrentamientos con el Consejo de Estado que buscan limitar su discurso público. Sin embargo, el daño político y simbólico ya quedó hecho.
Desde la oposición, figuras como María Corina Machado han usado este caso para advertir sobre el avance de prácticas autoritarias que buscan minar el trabajo crítico de la prensa en Colombia.
En Colombia, donde la libertad de prensa es un pilar clave para la democracia, estas acciones estatales se perciben como una peligrosa intromisión. Medios y ciudadanía ahora exigen garantías claras para que estos hechos no se repitan y se preserve la independencia de la información.
La controversia surge en medio de un contexto regional donde gobiernos autoritarios intentan controlar o desacreditar medios críticos, socavando el pluralismo informativo y la transparencia. La libertad de prensa, recuerdan expertos y periodistas, no es un privilegio sino un derecho colectivo indispensable para vigilar y limitar los abusos de poder.
