El Parlamento británico entra esta semana en la fase final del debate sobre la Ley de Derechos para Inquilinos, uno de los proyectos clave en materia de vivienda del actual mandato. La propuesta, que busca mejorar la protección de los inquilinos frente a desalojos abusivos y condiciones injustas, avanza con enmiendas esenciales pendientes de aprobación.
Esta legislación ha generado división entre los partidos principales. Los laboristas apoyan mayor rigor en la regulación de arrendamientos, mientras que los conservadores, liderados por Rishi Sunak, insisten en ajustar algunos puntos para no frenar la inversión en vivienda privada.
La Ley contempla nuevas garantías para inquilinos, incluyendo límites en los depósitos, mayor transparencia en contratos y un sistema más ágil para denunciar abusos. También prevé reformas en los procesos de desalojo, que buscan evitar expulsiones injustificadas de hogares vulnerables.
El avance en el House of Commons fija un calendario apretado: la aprobación definitiva podría llegar antes de que finalice la legislatura. Esto significa que las nuevas reglas podrían comenzar a aplicarse en los próximos meses, transformando el mercado de alquiler en todo el Reino Unido.
Organizaciones de defensa de los derechos de los inquilinos han celebrado el progreso pero exigen más medidas. Por otro lado, asociaciones de propietarios alertan por posibles efectos negativos en la oferta de viviendas de alquiler.
En España, donde muchos ciudadanos siguen las tendencias legislativas del Reino Unido, la Ley es vista como un paso decisivo hacia un modelo más justo para quienes alquilan, aunque con debates pendientes sobre su impacto real en el mercado.
