El Estado francés se negó a hacerse cargo del repatriamiento de 14 militantes franceses detenidos en Israel el 8 de octubre durante la operación de la flotilla pro-Gaza, una decisión que ha generado controversia e indignación entre sus familiares.
El grupo, que incluye políticos y personalidades civiles, partió a principios de septiembre en el barco Sirius desde Barcelona con una operación calificada de “humanitaria”, aunque los participantes sabían que enfrentaban riesgos de arresto y detención. Según el cirujano Yacine Haffaf, presidente del comité francés de la flotilla, el objetivo real era
“difundir la información al máximo para despertar conciencia”
.
El gobierno francés —siguiendo la línea de Portugal y Suiza— rechaza la responsabilidad del rapatriamiento por razones diplomáticas y políticas. Fuentes oficiales explican que la naturaleza política y mediática de la acción, con clara voluntad de desobediencia y denuncia contra el bloqueo israelí, impide una protección diplomática tradicional.
Solo uno de los seis franceses arrestados aceptó la expulsión inmediata propuesta por Israel. Los demás prefirieron enfrentar procedimientos legales locales, prolongando así su detención y buscando atención internacional para denunciar la “represión”.
Desde París, el Quai d’Orsay ofreció solo una asistencia consular básica, insistiendo en que la implicación en actos de desobediencia internacional supone una responsabilidad individual. El gobierno teme que intervenir pueda fomentar el ”activismo internacional” y politizar aún más un conflicto delicado.
Entre los participantes destacados está la eurodiputada de La France Insoumise Rima Hassan, quien definió la acción como un
“acto de denuncia política”
. Por su parte, figuras como Greta Thunberg se distanciaron del proyecto, cuestionando el enfoque y los fines reales de la expedición.
En el aeropuerto de Orly, la partida y detención de los militantes movilizó a manifestantes que defendieron la causa palestina con banderas y consignas. Pero en el debate público francés crece la crítica hacia lo que algunos califican de “turismo militante” o “crucero mediático”, que mezcla activismo político con una supuesta ayuda humanitaria.
Familias de los detenidos denuncian “inacción” e “indignidad” del Estado, mientras París busca mantener una postura equilibrada frente al proceso de paz en Medio Oriente que apoya oficialmente.
Esta decisión marca un cambio claro en la política exterior francesa hacia ciudadanos implicados en operaciones controvertidas: no habrá garantías automáticas de protección ni repatriación en casos de actos políticos asumidos deliberadamente, según fuentes gubernamentales.
