El gobierno del Reino Unido ha dado un giro polémico al asumir el control directo del proyecto Lower Thames Crossing, un túnel bajo el río Támesis valorado en £10.000 millones. Los ministros han desplazado a National Highways, la agencia tradicional encargada de carreteras, traslada la gestión al Departamento de Transporte (DfT). La movida causa alarma por la concentración del poder y riesgos financieros.
Hasta ahora, National Highways gestionaba planificación, diseño y control presupuestario. Con la decisión, el DfT manejará el coste, el alcance, la financiación y las decisiones clave de contratación. La empresa Balfour Beatty ya tiene un contrato por £1.200 millones para las conexiones viales, mientras que la inversión inicial supera los £590 millones.
Esta concentración se da bajo la gestión del gobierno de Starmer, que ahora clasifica el proyecto como “programa de máxima prioridad” (“Tier 1”). La intención oficial es agilizar el avance, evitando retrasos burocráticos que han frenado obras grandes en el pasado.
Pero organizaciones como Transport Action Network alertan de que este control ministerial “es un cheque en blanco” que puede repetir los errores de HS2, el proyecto ferroviario con sobrecostes y problemas que ha sido objeto de críticas constantes. Ambientalistas advierten que la decisión puede reducir la transparencia y la participación pública, afectando las medidas de protección en un área con ecosistemas frágiles en las orillas de Kent y Essex.
El proyecto afecta hábitats sensibles de especies protegidas, y ya se teme mayor daño ambiental y un aumento en emisiones de carbono. Además, los cambios recientes en la legislación británica buscan acelerar construcciones reduciendo controles, por lo que este túnel puede ser la primera prueba real de dichas normas.
El Tesoro apoyó la medida para evitar retrasos relacionados con la protección de “murciélagos y tritones” que según ellos frenaban el proyecto. Pero la experiencia con proyectos complicados indica que la falta de conocimiento técnico en la gestión ministerial aumenta el riesgo de sobrecostes y fallos.
Por ahora, National Highways seguirá con tareas de mantenimiento general, pero ha perdido el poder decisorio sobre el Lower Thames Crossing. Las decisiones sobre peajes, mitigación ambiental y contrataciones serán dictadas directamente por ministros.
El túnel debe aliviar la congestión en Dartford y mejorar el transporte de mercancías entre los puertos del sur y el centro y norte de Inglaterra, pero la reciente polémica abre una nueva fase crítica para esta millonaria obra.
