Un video de tres minutos que circuló esta semana en internet involucra a varios políticos de Morelos con la delincuencia organizada. En el material audiovisual, donde once personas armadas y encapuchadas leen un mensaje dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, se menciona al Cártel de Sinaloa y se acusan ejecutorias criminales atribuidas a “Milton” o “El general”, líder de la célula Nuevo Imperio.
El video, con pésima interpretación y marcado acento calentano, mezcla amenazas, nombres mal pronunciados y descripciones confusas. Citan asesinatos de funcionarios relacionados con Clara Brugada y acusaciones contra figuras como Ángel García Yáñez, Agustín Alonso, Francisco Sánchez Zavala, Javier Chávez y el alcalde Cuautla, Jesús Corona Damián. El mensaje concluye con amenazas y un saludo del supuesto Cártel de Sinaloa.
En respuesta, varios de los señalados acudieron a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en Morelos para presentar denuncias. Ángel García Yáñez, por años señalado como “narcosenador”, negó rotundamente las acusaciones y publicó su comparecencia en Facebook. Agustín Alonso también presentó denuncia formal y reiteró su compromiso con Yautepec y Morelos. Jesús Corona Damián informó que seguirá la vía legal y pidió coordinación con todos los niveles de gobierno para enfrentar difamaciones.
Héctor Javier García Chávez interpuso una denuncia contra medios que, dijo, relacionaron erróneamente su nombre con el video. Criticó el “golpe mediático” en un momento en que el gabinete de seguridad local presumen avances en la lucha contra la delincuencia. A preguntas sobre los posibles responsables del video, mencionó sin pruebas “administraciones pasadas” con intereses políticos y económicos afectados.
Este episodio pone en evidencia un uso político de un video confuso y mal armado para difamar a figuras públicas. Expertos legales consultados señalan que el delito de difamación fue derogado y la apertura de carpetas de investigación en la FGR parece responder más a presiones políticas que a un marco jurídico claro.
Además, fuentes dentro de la Fiscalía revelan que si la fiscalía no estuviera vinculada con el partido en el poder, difícilmente se hubiera aceptado la investigación. Usualmente, denuncias de este tipo son rechazadas o se remiten a autoridades estatales para su trámite, dejando en claro el nulo impacto legal que estas acciones tienen.
Hasta el cierre, el diputado Francisco Sánchez Zavala era el único de los mencionados que no presentó denuncia ante la FGR, mientras el ambiente político en Morelos sigue caldeado por estas imputaciones sin sustento.
El video y las respuestas oficiales evidencian una estrategia política usando medios y la Fiscalía sin bases legales sólidas, alimentando la tensión en el estado.
