Tommy Robinson, conocido también como Stephen Yaxley-Lennon, se presentó hoy en el Westminster Magistrates’ Court para enfrentar cargos bajo la Ley Antiterrorista de 2000 por negarse a entregar la clave de su teléfono móvil a la policía al entrar al Reino Unido el pasado julio.
Robinson fue detenido bajo el Schedule 7 del Acta, una norma que permite a la policía fronteriza exigir a individuos que pasen por puntos de entrada como el Canal de la Mancha que entreguen contraseñas para revisar sus dispositivos electrónicos en busca de actividades terroristas. La negativa de Robinson dio pie a esta causa.
En la audiencia, PC Mitchell Thorogood, agente asignado al equipo de policía del Canal, relató que identificó el vehículo conducido por Robinson antes de detenerlo. La policía además encontró un bolso con £13,370 y €1,910 dentro del Bentley que manejaba.
Robinson se negó a facilitar la contraseña alegando que protegía las identidades y contactos de personas que confiaban en él, especialmente víctimas de violaciones vinculadas a redes de explotación sexual. En sus publicaciones en X (antes Twitter), aseguró:
“Estoy enfrentando cargos terroristas por no querer entregar al Estado mis fuentes de información como periodista.”
En un vídeo grabado en el camino hacia la corte, defendió la confidencialidad de su información y criticó que el juicio se realizara ante un juez designado por el Estado, sin jurado. Su apoyo legal ha sido costeado, según dijo, por Elon Musk.
La causa podría conllevar una pena máxima de tres meses de cárcel o una multa de hasta £2,500. Esta clase de casos se tramita habitualmente en magistrates’ courts sin jurado, un procedimiento estándar.
Fuera del tribunal, el ambiente fue mucho más tranquilo que cuando Robinson copó Londres hace un mes con manifestaciones y banderas. Los escasos policías en el lugar superaban en número a los pocos simpatizantes presentes.
Varios presentes expresaron su incredulidad sobre la imputación bajo legislación antiterrorista. Uno de ellos, Anton, señaló la hipocresía del sistema con referencias históricas a la monarquía y al gobierno conjunto del pueblo.
Un peatón que se acercó dijo oponerse ideológicamente a Robinson, pero consideró injusto que se le aplicara la Ley Antiterrorista por negarse a entregar su contraseña sin evidencia concreta de delito:
“Si vas a acusar a alguien, tiene que haber un acto, no solo sospechas.”
El Home Office lanzó este año una consulta sobre el uso de Schedule 7, admitiendo la necesidad de “salvaguardas robustas” pero defendiendo estas medidas como esenciales para la seguridad nacional en las fronteras.
El juicio seguirá durante dos días y mantiene en tensión un país dividido sobre la figura y el papel de Robinson, un hombre que une lucha por la privacidad con polémicas de odio y extremismo.
