José Luis Gutiérrez, comisario de la Policía Nacional en Arrecife, Lanzarote, dio positivo en alcohol durante un control de alcoholemia mientras estaba de servicio la madrugada del sábado 11 de octubre. El test detectó una tasa de 0,62 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, por encima del límite penal establecido en España.
El control tuvo lugar cerca del puerto Marina Lanzarote, en plena última jornada del festival de música Arrecife en Vivo. Según fuentes policiales confirmadas a EFE, Gutiérrez estaba al frente del dispositivo de seguridad del evento y manifestó estar de servicio en el momento del control.
En el vehículo viajaban dos personas ajenas a la policía. La Jefatura Superior de Policía de Canarias ha puesto el caso en conocimiento de la Dirección General de la Policía para evaluar responsabilidades disciplinarias y otras medidas.
Fuentes jurídicas explican que este caso puede considerarse falta muy grave según la Ley Orgánica 4/2010 del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. El consumo o estar bajo los efectos del alcohol durante el servicio atenta contra la dignidad y responsabilidad del cargo y puede conllevar sanciones de entre dos y seis años de suspensión, traslado forzoso, pérdida de puesto o incluso separación definitiva del cuerpo.
En escenarios menos graves podrían imponerse sanciones menores como suspensión de empleo y sueldo hasta por tres meses o pérdida de destino, si se acreditan atenuantes o si no afectó al desempeño del servicio.
Además, la tasa detectada supera el límite penal de 0,60 mg/l aire espirado, lo que abre la puerta a un procedimiento judicial. El artículo 379 del Código Penal establece penas de prisión de tres a seis meses o multas y retirada del carné de conducir hasta cuatro años para quienes superen ese umbral. Sin embargo, la imputación penal dependerá de si el comisario conducía el vehículo en el momento del control.
En paralelo, si se constatan daños a terceros o perjuicios a la Administración, podría iniciarse también un proceso de responsabilidad civil.
Decisivas para la gravedad final serán las circunstancias del caso: que el comisario iba de servicio y ejerce mando, el impacto en la imagen institucional y la repercusión pública. Entre posibles atenuantes están la colaboración con la investigación, ausencia de antecedentes y reconocimiento de hechos.
Una vez abierto el expediente disciplinario, la Dirección General de la Policía nombrará a un instructor para evaluar pruebas y testimonios. El funcionario tendrá derecho a presentar alegaciones antes de que se dicte sanción. Las faltas muy graves prescriben a los tres años, las graves a dos y las leves en un mes.
Este caso se suma a la presión en cuerpos policiales por conductas fuera de norma que afectan la imagen pública y la confianza ciudadana, sobre todo cuando el implicado es un mando visible durante eventos de alta seguridad.
