El Congreso de Perú aprobó y publicó esta semana la Ley 32446, que incorpora el delito de “criminalidad sistemática” al Código Penal. La norma, firmada por el presidente del Congreso José Jerí y la presidenta Dina Boluarte, endurece las sanciones para quienes actúen en grupos armados que cometen delitos graves con armas de fuego, municiones militares, explosivos y similares.
El nuevo artículo 318-B clasifica como criminalidad sistemática el uso de estos medios en delitos como secuestro, extorsión, homicidio calificado, sicariato y robo agravado. La ley se enfoca en responder a la creciente violencia y delitos reiterados que afectan regiones urbanas del país, especialmente aquellos ejecutados por bandas con alta capacidad logística.
Esta iniciativa nace tras meses de debate en el Parlamento por la llamada “Ley de terrorismo urbano”. Ante críticas por el uso impreciso del término “terrorismo”, el Congreso optó por una figura penal alternativa que apunta a castigar patrones de violencia repetida en ciudades.
El contexto es una ola de ataques contra comerciantes, empresarios y ciudadanos que evidencian la incapacidad del Ejecutivo para controlar el avance de organizaciones criminales armadas. Con esta ley, fiscales y policías tendrán una herramienta legal más fuerte para enfrentar estos grupos.
Sin embargo, expertos como el politólogo Noam López cuestionan la medida. López calificó la nueva categoría como un “sinsentido” que mezcla delitos existentes bajo una etiqueta confusa. Subraya que “terrorismo” debe reservarse para acciones con fines políticos o ideológicos, no para bandas como Barrio King y One Family, que buscan lucro ilícito.
Además, López señala que dividir entre “urbano” y “rural” es poco realista, dado que grupos como Los Pulpos actúan en ambos escenarios. Para él, la norma no mejora el accionar policial ni fiscal, aunque reconoce que puede tener un efecto menos negativo que otras leyes previas como la Ley 32108 de crimen organizado.
La Ley 32446 ya está vigente tras su publicación en el diario oficial El Peruano y supone un cambio significativo en la vía legal para enfrentar el crimen organizado con violencia sistemática en Perú.
Los próximos meses servirán para medir si esta norma es efectiva contra la violencia urbana en un país donde la inseguridad sigue siendo una prioridad nacional.
