Un dron sobrevoló la madrugada del sábado el centro penitenciario Brians 2 en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona) y dejó un paquete con móviles que fue requisado por Justicia, confirmó la Conselleria de Justicia. La espectacularidad del hecho ha vuelto a encender las alarmas sobre el uso de drones para introducir droga y terminales móviles en prisiones catalanas.
El sindicato UGT Presons denunció este lunes que no se trata de un caso aislado sino de un “ataque constante a la seguridad penitenciaria” con esta modalidad que se está extendiendo. Según el sindicato, lo que hoy son teléfonos y drogas “mañana pueden ser armas u objetos mucho más peligrosos y devastadores”.
UGT reconoce que la Generalitat está trabajando en la instalación de detectores e inhibidores según el Acuerdo Penitenciario 2024-2027, pero reclama acelerar esas medidas para blindar las cárceles ante estas incursiones aéreas.
“Exigimos al nuevo director general de Asuntos Penitenciarios, Domingo Estepa, que demuestre estar a la altura para proteger a los funcionarios y poner fin a esta práctica”, insistió el sindicato.
Fuentes oficiales explicaron que el aparato detectado a las 00:43 horas de la madrugada fue seguido por un paquete interceptado horas después. Brians 2 cuenta ya con un programa piloto para la detección de drones, pero por motivos de seguridad no se ha detallado el grado de intervención que tuvo en este episodio concreto.
Esta modalidad representa un desafío creciente para las prisiones españolas. La facilidad para gestionar drones convierte a estas aeronaves en un método preferido para traficantes que contravienen el control interno y ponen en riesgo la seguridad de los centros y del personal.
El debate sobre cómo reforzar la vigilancia se acelerará en las próximas semanas, mientras se intensifican las consultas sobre tecnologías para impedir el vuelo, localizar los dispositivos y neutralizar su llegada a los perímetros penitenciarios.
