Cuatro representantes públicos de partidos de izquierda y separatistas estuvieron más de un mes a bordo de la llamada Global Sumud Flotilla, mientras cobraban íntegros sus sueldos sin presentarse en sus puestos de trabajo. La situación ha generado polémica y debates sobre la gestión de los recursos públicos y la responsabilidad de los cargos electos.
Durante todas esas semanas, los activistas participaron en esta travesía marítima que busca llamar la atención internacional sobre la causa que defienden. Sin embargo, sus escaños quedaron vacíos y sus funciones públicas sin cumplir, mientras su nómina fue pagada en su totalidad mediante fondos públicos.
Las críticas no se han hecho esperar desde diferentes sectores políticos y sociales que cuestionan la ética de esta acción y exigen claridad sobre cómo se regulará esta práctica en el futuro. Fuentes oficiales aún no han informado si habrá medidas disciplinarias o ajustes en el sistema para estos casos.
Este episodio pone de relieve la tensión entre activismo político y deber institucional en España, con un foco especial en los cargos vinculados a movimientos separatistas y partidos de izquierda, quienes lideran la iniciativa en la Flotilla.
No hay hasta ahora declaraciones públicas de los implicados, pero la atención mediática y la presión pública crecen a medida que se descubren más detalles sobre el financiamiento y el manejo de las ausencias prolongadas.
