En Río Negro avanzan con un proyecto de ley para castigar a los padres de alumnos que ejerzan bullying y no actúen para frenarlo. La iniciativa, impulsada por el legislador libertario César Domínguez, busca que las autoridades educativas denuncien inmediatamente los casos y que las víctimas sean reubicadas a otra escuela para proteger su integridad.
Según datos recientes, el 32% de los estudiantes en la provincia se sienten discriminados en la escuela y más del 60% ha sufrido algún tipo de agresión. Frente a esta realidad, la propuesta introduce multas de hasta 30 JUS para padres o tutores que no tomen medidas razonables después de notificarles el acoso de sus hijos. Cada JUS vale hoy unos 65.000 pesos, por lo que la multa podría superar los 2 millones de pesos.
Además de la multa, los tutores deberán asistir a talleres o espacios de orientación organizados por el Ministerio de Educación o el Consejo Provincial de Educación. Estos espacios abordarán derechos del niño, convivencia escolar, prevención de violencia y responsabilidad parental. La ley contempla excepciones si el adulto actúa con diligencia o existen razones de fuerza mayor o salud justificadas.
El proyecto también establece que las autoridades tienen la obligación de denunciar el acoso escolar ante el Consejo Provincial de Educación, el Consejo de Niñez Adolescencia y Familia o la autoridad judicial en casos que configuren un delito, todo dentro de las 24 horas posteriores a la denuncia.
La demora u omisión en denunciar se considerará falta grave y podrá implicar sanciones administrativas, civiles o incluso penales para los responsables. Además, garantizan la “traslado urgente” del alumno afectado a otra institución para resguardar su bienestar físico y psicológico.
La propuesta debe ser debatida en comisiones y aprobada por mayoría en la Legislatura para convertirse en ley.
