José Jerí, presidente interino de Perú, juramentó este martes a su nuevo gabinete de 19 ministros, a cinco días de la destitución de Dina Boluarte, en un intento de dar señales de estabilidad y control frente al aumento de la delincuencia y las protestas ciudadanas.
El nombramiento más destacado es Ernesto Álvarez como primer ministro. Álvarez, abogado y exmagistrado del Tribunal Constitucional que lo presidió en 2012, pidió licencia del Partido Popular Cristiano para asumir el cargo y advirtió que el desafío es “muy difícil”.
En Economía, Jerí designó a Denisse Miralles, experta y exfuncionaria del Ministerio con experiencia en la agencia estatal de inversiones. Para Energía y Minas, fundamental para la minería de cobre, puso a Luis Bravo, tecnócrata del sector. Estas asignaciones buscan darle estabilidad a sectores clave para la economía peruana.
En materia de seguridad, el presidente escogió al general retirado Vicente Tiburcio como ministro del Interior. Tiburcio, especialista en investigación criminal y lucha contra el terrorismo, es una señal clara de que el gobierno apunta a frenar la violencia que ha aumentado y provocado protestas de jóvenes, transportistas y comunidades civiles.
La cancillería quedó en manos del veterano diplomático Hugo de Zela, exembajador en Estados Unidos, que aportará experiencia en un momento de alta tensión política.
Jerí se reunió este martes con alcaldes de Lima Metropolitana para diseñar estrategias que incluyan la participación de las Fuerzas Armadas en el patrullaje urbano, ante la crítica ciudadana de que se ha hecho “más de lo mismo” sin resultados.
“Vamos a estar presentes con las Fuerzas Armadas y las autoridades municipales para recuperar el control territorial de nuestro país”, declaró Jerí.
El nuevo gobierno enfrenta una prueba de fuego el miércoles, cuando varios grupos civiles, transportistas y jóvenes de la llamada Generación Z llaman a una marcha nacional exigiendo medidas contra la inseguridad y la corrupción.
Desde que asumió el poder hace casi tres años tras la caída de Pedro Castillo, Dina Boluarte dejó índices de aprobación mínimos, entre 2% y 4%. Su destitución ocurrió en un contexto de creciente violencia, extorsiones y asesinatos relacionados con bandas criminales.
Jerí prometió además que garantizará unas “limpias” elecciones presidenciales en 2026, pero de momento debe concentrarse en frenar la crisis de seguridad pública y restaurar la confianza de una sociedad fracturada.
Mientras tanto, los mercados y la economía peruana no han mostrado una mayor reacción al cambio presidencial. El FMI elevó esta semana su pronóstico de crecimiento para Perú a 2,9% en 2024, una señal de estabilidad pese al vaivén político.
Con un promedio de casi un presidente y medio por año desde 2018, Perú entra en otra etapa con un gobierno que aspira a calmar la violencia y evitar que la crisis política afecte aún más a la población.
