Juliana Andrea Guerrero Jiménez, candidata al Viceministerio de Juventudes en el Ministerio de Igualdad, no presentó la prueba Saber Pro ni Saber TyT, requisito obligatorio para obtener título profesional o técnico en Colombia, confirmó oficialmente el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).
La aclaración surge tras un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó al Icfes entregar información a la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien interpuso un recurso para esclarecer la situación. En la certificación firmada por el director de Tecnología e Información del Icfes, Luis Rodrigo Cadavid Durán, se confirma que no hay registro de que Guerrero haya presentado los exámenes ni Saber Pro ni Saber TyT para la obtención de su título.
Sin embargo, el Icfes señaló que Guerrero tiene una inscripción vigente desde julio de 2025 para presentar la prueba Saber Pro el próximo 9 de noviembre de 2025 en el programa de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria San José.
Esta información pone en entredicho la validez del título profesional con el que fue propuesta para el cargo en el Ministerio de Igualdad, dado que la presentación de las pruebas Saber es un requisito legal para obtener el grado universitario en Colombia.
La Fundación Universitaria San José confirmó que abrió una investigación interna por posibles irregularidades en la expedición del título. Además, reportó que se presentaron denuncias formales por presunta falsedad documental y daño informático. Varios funcionarios ya fueron apartados de sus cargos a raíz de estas anomalías.
Jennifer Pedraza: “Esta certificación es prueba irrefutable de falta de mérito académico y pedimos al Ministerio revisar la idoneidad de estos nombramientos”
Hasta ahora, el Gobierno no ha oficializado el nombramiento de Juliana Guerrero. La candidata ha sostenido que su título fue obtenido de forma legítima, aunque la evidencia oficial sugiere otra cosa. Esta situación reactiva una polémica que sacude la designación de funcionarios en el Ministerio de Igualdad y plantea dudas sobre controles en la universidad involucrada.
