El gobierno francés anunció este martes la suspensión de la controvertida reforma de las pensiones hasta las próximas elecciones presidenciales, pero todavía no ha decidido cómo formalizará legalmente esta medida.
Sébastien Lecornu confirmó la suspensión durante su declaración política, pero Matignon confirmó a la AFP el miércoles 15 de octubre que las modalidades para aplicar esta suspensión no están definidas.
Dos opciones están sobre la mesa. Por un lado, la ministra de Cuentas Públicas Amélie de Montchalin aseguró ante la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional que la suspensión se incluirá como un enmienda al proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social (PLFSS). Por otro, el ministro de Trabajo Jean-Pierre Farandou mencionó en la cadena France 2 la posibilidad de una ley específica, aunque admitió no conocer otra ley aparte del PLFSS que contemple la suspensión.
La ministra De Montchalin insistió en que actuar a través del PLFSS es la vía más rápida para aplicar la suspensión de forma inmediata. “Si no logramos aprobar esto, deberemos presentar otra ley, lo que retrasaría el proceso hasta después de fin de año, lo que no cumple con la urgencia solicitada”, explicó.
La oposición ha exigido claridad sobre la forma de tramitar esta suspensión. El coordinador de LFI, Manuel Bompard, advirtió en X (antes Twitter) que si la suspensión pasa por una enmienda en el presupuesto de la Seguridad Social, esto implicará votar el presupuesto más duro de los últimos 30 años con todas sus medidas impopulares incluidas.
“El gobierno tiene la intención de engañar al PS y a los franceses”, dijo Bompard.
Desde la Asamblea, Eric Coquerel, diputado de LFI, también manifestó sus dudas. Para él, la falta de definición en el método indica improvisación y posibles maniobras para esquivar debates profundos.
Los socialistas están pendientes de cómo se concretará esta suspensión, cuestionando si podrán votar un texto que contiene medidas a las que se oponen solo porque suspenda la reforma de pensiones.
En resumen, la promesa de suspender la reforma está en el aire sin un camino legislativo claro, con riesgo de un debate parlamentario prolongado y tensiones crecientes en la oposición.
