Keir Starmer anunció hoy en la Cámara de los Comunes que publicará tres declaraciones de testigos fundamentales en el caso de espionaje por China que terminó con la caída del juicio contra dos acusados. El líder del Partido Laborista atribuyó la responsabilidad al Ejecutivo conservador previo y defendió hacer públicas las evidencias para asegurar transparencia.
El juicio contra Christopher Cash, exasesor parlamentario de 30 años y Christopher Berry, profesor de 33 años, que fueron acusados de pasar secretos a China, terminó abruptamente cuando la Fiscalía (CPS) retiró los cargos. La CPS alegó que la evidencia del Gobierno no mostraba en aquel momento que China representara una amenaza para la seguridad nacional.
Starmer hizo el anuncio al comenzar la sesión de Preguntas al Primer Ministro (PMQs) y subrayó su decepción:
“Estoy profundamente decepcionado por el resultado, queríamos ver procesamientos”
. Según él, el fallo estuvo ligado a la política de la administración conservadora, que en su revisión de seguridad nacional no definió a China como enemigo.
El primer ministro salió al paso de las críticas del líder conservador en la Cámara, Kemi Badenoch, quien intensificó el interrogatorio y cuestionó su capacidad para manejar un asunto tan delicado. Starmer respondió tajante:
“Claramente, ella no es ni abogada ni líder”
.
Conflictos en el debate público
Hubo además un choque público con Sir James Cleverly, exministro de Exteriores y actual secretario de Vivienda en la oposición, quien pidió rectificar falsos titulares. Cleverly negó haber dicho que definir a China como amenaza fuese imposible e impráctico. En su versión, destacó que la política británica prioriza la seguridad nacional ante cualquier amenaza proveniente de Pekín.
Starmer aseguró que ninguno de sus ministros o asesores tuvo influencia en la presentación de las evidencias, que según él reflejan fielmente la posición del Gobierno conservador gracias a la integridad del entonces adjunto del asesor de seguridad nacional, Matt Collins.
El anuncio de publicar las declaraciones llega luego de promesas previas y tras la negativa de la Fiscalía a bloquear la difusión de esos documentos. Starmer confirmó que la publicación se hará tras un breve proceso de revisión y prometió transparencia total.
Este caso ha generado una fuerte polémica sobre la gestión de la seguridad nacional y la estrategia del Reino Unido frente a la influencia de China. La retirada de cargos deja además en entredicho la efectividad de las agencias de inteligencia y justicia británicas, justo en un momento de tensión global.
Los ministros conservadores, entre ellos Badenoch y Cleverly, siguen defendiendo que el país mantiene una postura firme y que la publicación de pruebas no debe dañar la seguridad operativa, apuntando a la necesidad de claridad para no debilitar la percepción internacional.
En el Parlamento, las tensiones aumentan mientras la opinión pública se mantiene atenta a los próximos movimientos y al impacto político de esta crisis.
