La Corte Constitucional ordenó suspender la operación del Oleoducto Trasandino para proteger los derechos de veinte resguardos del pueblo Awá, afectados por múltiples derrames de petróleo en Tumaco y Barbacoas, Nariño.
En la sentencia T-390 de 2025, el tribunal concluyó que la contaminación por crudo ha provocado graves daños al agua potable, la salud y la soberanía alimentaria de la comunidad Awá, declarada en riesgo de exterminio físico y cultural. La infraestructura, que transporta crudo desde Orito (Putumayo) hasta Tumaco a lo largo de 305 kilómetros, acumula el 81% de las conexiones ilícitas en Colombia.
La Corte responsabilizó a Cenit S.A.S., filial de Ecopetrol, y a varias entidades estatales, entre ellas el Ministerio de Ambiente, ANLA y el Ministerio de Defensa, por incumplir obligaciones ambientales y de protección. La ausencia de licencia ambiental y un mal manejo han permitido que ataques a la infraestructura, atribuidos a actores armados y economías ilegales, sigan causando derrames constantes.
Estos eventos han contaminado el Katsa Sú, territorio ancestral del pueblo Awá, afectando directamente su acceso al agua y su modo de vida. El fallo indica que el Estado ha fallado en coordinar acciones para mitigar y restaurar el daño ambiental y social.
La Corte ordena suspender el funcionamiento del oleoducto hasta garantizar medidas claras de prevención y mitigación. También exige acceso inmediato al agua potable para los resguardos afectados, la creación de un diálogo para evaluar el daño, actividades de recuperación ambiental y un plan integral de salud para la comunidad Awá.
Además, pide reformas normativas para mejorar el licenciamiento ambiental en zonas de conflicto armado, buscando evitar que la infraestructura petrolera siga poniendo en riesgo a comunidades indígenas.
El Oleoducto Trasandino ha sido blanco de ataques y perforaciones ilegales, principalmente en municipios donde habita el pueblo Awá, aumentando los derrames que amenazan su supervivencia física y cultural.
La decisión marca un precedente jurídico que obliga a priorizar la vida y el territorio indígena sobre intereses económicos y petroleros en una región con alta presencia de conflicto armado y economías ilícitas.
