El Gobierno de Sánchez ha puesto en marcha una ofensiva para controlar la Real Academia Española (RAE), institución clave en la defensa y regulación del idioma, un movimiento que sorprende por la pasividad de PP y Vox, que no parecen tener estrategia cultural para frenar esta operación.
El director actual de la RAE, el jurista Santiago Muñoz Machado, elegido libremente por los académicos y con un perfil conservador, es señalado por el entorno cultural próximo a Sánchez. Entre ellos destaca Luis García Montero, poeta y director del Instituto Cervantes desde 2018, viudo de la fallecida novelista Almudena Grandes, a quien se vinculó la polémica por el renombramiento de la estación de Atocha en Madrid con su nombre.
García Montero ha iniciado una campaña pública contra Muñoz Machado, atacando su relación con grandes empresas a través de su despacho profesional y sugiriendo que esta conexión crea distancia con el proyecto cultural del gobierno. Según fuentes cercanas, preparan maniobras para sentar en la presidencia de la RAE a una figura alineada con el “sanchismo” y que adapte la Academia a la visión política del Ejecutivo, pasando de ser la defensora de un idioma común a la representación de múltiples “lenguas” con un enfoque más ideológico.
La confrontación se intensificó recientemente en el Congreso Internacional de la Lengua Española en Perú, donde García Montero volvió a criticar a Muñoz Machado en público, a pesar de compartir mesa, poniendo en evidencia un conflicto que excede la defensa del español para entrar en la lucha de poder cultural.
El respaldo financiero que ha conseguido Muñoz Machado es otra de las fuentes de tensión. Mientras el Gobierno recorta presupuesto en la RAE y dirige grandes fondos a políticas como las de género, el director ha logrado atraer el patrocinio de empresarios comprometidos con la defensa del idioma, lo que convierte a la RAE en un foco estratégico para el control de la cultura.
Lo que resulta especialmente relevante es la incapacidad o la falta de interés de los principales partidos de la oposición, el PP y Vox, para reaccionar ante este asalto a una de las instituciones culturales más emblemáticas de España. El PP sigue sin recuperar un Ministerio de Cultura —eliminado durante el gobierno de Rajoy— y mantiene una dependencia cultural de artistas y escritores de izquierda subvencionados, lo que agrava su situación.
La amenaza de que la RAE caiga bajo control político con un presidente impuesto por Sánchez supone un paso más en la batalla por la hegemonía cultural que ya domina la educación pública, el cine y parte del periodismo cultural, según críticos del sector.
En medio de este escenario, la esperanza recae en los propios académicos para que mantengan la independencia de la institución y eviten la politización del organismo que regula la lengua española, un símbolo clave para la identidad y la soberanía cultural españolas.
