Tres jóvenes fueron asesinados en Barranquilla en menos de 48 horas, lo que prende las alarmas en torno al frágil pacto de paz entre las bandas delincuenciales “Pepes” y “Costeños”.
El viernes 10 de octubre en la tarde, un atentado sicarial en el barrio Galán terminó con la muerte de Erick Edier Gamarra Schonowoolff, de 37 años, y dejó heridos a dos personas más. El ataque se registró cerca de un punto conocido por la venta de estupefacientes, dominado por el jefe local de “los Costeños”, alias Hippy. Dos hombres armados llegaron en motocicleta y dispararon contra la víctima, en lo que la policía sospecha fue un ajuste de cuentas por control territorial.
Horas después, el lunes 13 de octubre, ya en aparente respuesta al asesinato de Gamarra Schonowoolff, mataron a Dilan Andrés Herrera Cano, de 22 años, a unos metros del primer atentado en la carrera 2 con calle 37. Dos hombres llegaron en moto y le dispararon al menos diez veces. Herrera Cano sería hijo de alias “La Kuqui”, reconocida como dinamizadora del tráfico de drogas en la zona.
El último homicidio ocurrió el martes 14 por la tarde en el barrio Siete de Abril. Yesid Alonso Manjarrez Madarriaga, de 24 años, fue baleado junto a Cristian Javier Alvis Buendía, de 27 años. Manjarrez murió en el sitio y Alvis Buendía falleció horas después en una clínica. Testigos indican que ambos fueron citados y atacados al llegar en una motocicleta. Manjarrez mantenía presunto vínculo con “los Pepes”.
Las autoridades vinculan los ataques con disputas internas por el narcotráfico que involucran a Erick Antonio Rada Mendoza, alias “Erick Chupeta”, exlíder de los Pepes capturado en Bogotá en mayo, acusado de ordenar extorsiones y coordinar compra y venta de armas y drogas.
Estas muertes ocurren días después de la primera mesa de paz entre Pepes y Costeños, desarrollada la semana pasada en Barranquilla con la presencia del Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y el alcalde Alejandro Char. El evento buscaba formar un acuerdo para bajar la violencia hasta enero de 2026, pero la escalada delictiva podría evidenciar fisuras en ese pacto.
Fuentes policiales y de inteligencia no descartan que mandos medios de los grupos estén distanciándose y reanudando ataques que ponen en riesgo la ya débil tregua.
Hasta ahora no hay pronunciamiento oficial de la Consejería Comisionada de Paz sobre estos hechos que sacuden la seguridad en la ciudad ni medidas concretas para evitar nuevos crímenes.
