Carolina del Sur obliga a los miembros de mesas electorales a jurar diciendo «que Dios me ayude» para poder ejercer. Este requisito excluye a los ateos que se nieguen a pronunciarlo, convirtiendo un deber cívico en una cuestión religiosa.
La norma vigente impide que cualquier persona que no haga el juramento religioso participe en la organización o supervisión del voto. Defensores de derechos civiles en EE.UU. denuncian que esta práctica viola la separación Iglesia-Estado y discrimina por creencias.
Una fuente cercana a la administración estatal defendió el requisito alegando que es tradición y evita la falsificación de juramentos, pero no pudieron citar ningún precedente legal reciente que legitime la exigencia.
Organizaciones ateas y de derechos civiles han pedido revisar la norma, argumentando que la obligación vulnera derechos constitucionales fundamentales y margina a ciudadanos por sus convicciones.
El caso vuelve a poner en la palestra nacional debates sobre libertad religiosa y laicismo en espacios públicos, especialmente en un contexto electoral donde la imparcialidad es clave para la democracia.
En Carolina del Sur, quien se niegue al juramento no puede participar en las mesas ni en tareas relacionadas con la votación, limitando la diversidad y participación ciudadana. Por ahora, la ley sigue vigente sin procesos oficiales de cambio anunciados.
