John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, fue acusado por un gran jurado en Maryland de 18 cargos relacionados con la divulgación y retención indebida de documentos clasificados de defensa nacional. La acusación es la última acción legal contra una figura contraria al expresidente tras su regreso a la Casa Blanca.
La oficina del FBI allanó en agosto la residencia y el despacho de Bolton en busca de pruebas vinculadas a la violación de la Ley de Espionaje. Documentos judiciales, aunque en gran parte censurados, señalan también un supuesto hackeo de su correo electrónico personal por una “entidad extranjera”.
Bolton, de 76 años, publicó en 2020 un libro crítico donde calificaba a Trump como “inapto” para dirigir Estados Unidos. La Casa Blanca trató sin éxito de impedir su lanzamiento por motivos de seguridad nacional.
Desde su retorno al poder, Trump ha marcado a Bolton como uno de sus “enemigos personales” y no ha ocultado su intención de tomar represalias contra quienes le critican. El presidente republicano calificó a Bolton como “un tipo malo” y minimizó la gravedad de los cargos.
Esta acusación se suma a otras contra exfuncionarios como el exdirector del FBI James Comey y la fiscal estatal Letitia James. Trump ha presionado públicamente para ampliar estas investigaciones y ha reemplazado a fiscales para lograrlo, colocando en el cargo de fiscal en Virginia Este a Lindsey Halligan, una asesora de la Casa Blanca que impulsó los casos contra Comey y James.
Comey negó los cargos relacionados con obstrucción y falso testimonio al Congreso y prepara recursos legales alegando venganza política. James denunció represalias tras multar a Trump con casi medio millar de millones de dólares el pasado febrero.
El caso de Bolton aviva la tempestad política en Washington, en un clima de divisiones y persecuciones a antiguos miembros del círculo cercano del expresidente. Se espera que la fiscalía precise más detalles en su caso y que Bolton responda formalmente a los cargos.
