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Colombia

Petro advierte medidas contra CRC por prohibir su alocución presidencial

Petro denuncia censura de la CRC y exige que autoricen su alocución presidencial hoy mismo.

El presidente Gustavo Petro anunció la noche de este jueves que tomará medidas contra la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) luego de que la entidad negara la autorización para emitir una alocución presidencial solicitada por la Casa de Nariño.

Petro calificó el fallo de la CRC como una “censura previa”, práctica que según él está prohibida por la Constitución colombiana. En una entrevista para RTVC, el jefe de Estado calificó la decisión como “propia de dictaduras y fascismo”.

Esta alocución tenía temas centrales de interés nacional, como la descertificación de Colombia, narcotráfico y reducción de delitos. Petro insistió en que el derecho a comunicarse con la nación está respaldado por la sentencia C1172 de 2001 de la Corte Constitucional, que establece que es exclusivamente la Corte la autoridad para decidir sobre estas emisiones y no el Consejo de Estado ni la CRC.

“¿No es el narcotráfico un tema de relevancia e importancia nacional? ¿Quién determina eso? La CRC se tomó la atribución y abusó de poder al examinar el contenido de los temas”

La CRC rechazó la solicitud el miércoles 15 de octubre porque, aseguró, la petición no cumplió con los criterios legales de urgencia, uso excepcional y delimitación temática para emitir mensajes obligatorios en televisión abierta. El análisis se hizo en cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado del 16 de septiembre de 2025.

Petro le dio a la CRC una última oportunidad para retractarse y autorizara la alocución antes de anunciar una “decisión radical” que responderá a esta “violación” de su derecho constitucional como presidente.

El mandatario insistió en que el espectro electromagnético “es inalienable, público y repúblico”, y que cualquier censura previa sobre la comunicación institucional del gobierno no tiene lugar en Colombia.

Esta confrontación abre un nuevo capítulo en el pulso entre el Ejecutivo y la entidad reguladora, mientras en el país crece el debate sobre los límites de la comunicación política y la autonomía del Estado frente a los organismos de control.

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