El juicio para retirar la estatua del criminal de guerra serbio Pavle Đurišić del monasterio Đurđevi stupovi en Berane vuelve a estancarse. Por segunda vez, el tribunal de Berane anuló la decisión de la jueza Dubravka Popović, quien había rechazado la solicitud de la fiscalía para confiscar temporalmente el monumento.
El monumento, prohibido por glorificar a un criminal de guerra implicado con el régimen nazi y responsable de la muerte de miles de civiles, no fue encontrado por la policía dentro del recinto del monasterio durante la primera operación el 1 de octubre. Pese a esto, la fiscalía volvió a pedir su decomiso del mismo lugar, iniciando un nuevo ciclo de juicios y apelaciones, mientras el monumento permanece inaccesible.
Fuentes no oficiales indican que la jueza Popović ha solicitado pruebas adicionales de la policía y la fiscalía para confirmar la ubicación exacta del monumento, algo problemático tras el fallido operativo inicial. El tribunal devolvió el caso a la jueza para que revise su decisión y tome nuevas medidas.
Este monumento es clave en la investigación penal contra Vujadin Dobrašinović, acusado de violar la ley al erigir un símbolo que promueve odio y enaltece crímenes de guerra, prohibidos bajo el Código Penal de Montenegro.
Mientras tanto, la comunidad y varias organizaciones no gubernamentales insisten en que la demora en el proceso no solo pone en duda la capacidad del sistema judicial y policial, sino que también refuerza divisiones sociales y el odio político en la región.
Mitropolit Metodije, una figura central en este conflicto, defendió en su día la instalación del monumento y dijo públicamente que lo trasladaría dentro de una iglesia para evitar su remoción, una acción que ha generado críticas por parte de entidades civiles y legales, que ven en esto un intento de burlar la justicia.
Incidentes de violencia contra la prensa también marcaron la polémica, cuando en agosto periodistas que cubrían la retirada inicial fueron agredidos física y verbalmente durante un acto local.
La policía ha declarado estar lista para apoyar en la retirada, pero asegura que no tiene autoridad directa para remover el monumento, tarea asignada a los órganos municipales con la supervisión del Ministerio de Cultura.
El caso abre un debate más amplio sobre la impunidad en la exaltación de símbolos que alimentan el racismo, el nacionalismo y la violencia, poniendo a prueba los principios democráticos y antifascistas de Montenegro.
El 20 de mayo, siete ONG enviaron una carta al fiscal general Milorad Marković exigiendo que la estatua sea confiscada de inmediato para frenar la escalada de discurso de odio y proteger el Estado de Derecho.
