El presupuesto nacional para 2026 desata tensiones entre las ciudades francesas y las áreas rurales e industriales, a cinco meses de las elecciones municipales.
Los alcaldes de grandes urbes y aglomeraciones critican el impacto económico que sufrirán sus municipios con las nuevas medidas propuestas por el gobierno Lecornu, aún no aprobadas.
Jean-François Debat, presidente de Grand Bourg Agglomération, calificó el presupuesto como “totalmente insupportable y totalmente injusto para las ciudades”, destacando que las fuertes contribuciones exigidas pondrían en peligro los servicios públicos locales y las inversiones en transición ecológica.
En particular, se cuestiona la creación de un “fondo de inversión para los territorios” que consolida tres dotaciones y elimina la específica para ciudades, señalada como un paso que genera confrontación entre zonas urbanas y rurales.
“El gobierno añade una batalla entre urbanos y rurales con una visión populista”, dijo Debat.
La asociación France Urbaine ya había denunciado un desequilibrio en 2025: las grandes intercomunidades soportan un esfuerzo fiscal de 3,9% de sus recursos operativos, frente al 1,1% que se pide a las demás comunas. Franck Claeys, delegado adjunto de esta agrupación, señaló que los organismos intercomunitarios son “open bar para desangrarlos” fiscalmente.
Otro detonante es la ampliación de la reserva obligatoria de ingresos fiscales, denominada “dilico”, que pasa de 1.000 a 2.000 millones EUR en total para 2026, afectando en 1.200 millones al bloque comunal. Claeys explicó que los mismos porcentajes aplican a municipios de 100 habitantes y ciudades de 100 mil, lo que ignora las realidades financieras muy distintas.
Impacto en zonas industriales
Los territorios industriales también denuncian una fuerte pérdida financiera, con una reducción de compensaciones estatales de 1,3 mil millones EUR por los recortes en impuestos a las empresas industriales. David Marti, alcalde PS del Creusot, afirmó a la AFP que “el gobierno se está disparando en el pie” al debilitar el apoyo a los municipios que sostienen la reindustrialización, prioridad nacional del ejecutivo.
La aceleración de la supresión de la cotización sobre el valor añadido de las empresas fue otro punto de discordia. Benoît Arrivé, alcalde de Cherbourg-en-Cotentin, criticó que el Estado no ha cumplido su promesa de compensar estos recortes y llamó al esquema un “verdadero escándalo”. Preocupado, preguntó cómo financiarán servicios como guarderías, escuelas y gimnasios para los 15.000 nuevos empleos ligados al sector nuclear y las energías verdes.
El debate refleja una contradicción entre las ambiciones de Francia de relanzar la industria y los mecanismos del presupuesto que frenan el gasto en esos mismos territorios. Según Claeys, “es como pisar el acelerador y el freno a la vez, con el riesgo de estancarse o caer en la crisis social”.
El adjunto financiero de París, Paul Simondon, comentó que el “dilico” es “un tren loco que no parará”, al homogeneizar sin distinciones territoriales la carga financiera y desmontar incentivos para el desarrollo económico local.
En Rennes Métropole, Marie Ducamin, responsable de finanzas, apuntó a la “falta de visibilidad” sobre el presupuesto nacional que condiciona su capacidad para planificar políticas públicas a largo plazo.
El gobierno planea exigir un esfuerzo fiscal combinado a las colectividades territoriales por 4,7 mil millones de euros en 2026, aunque los alcaldes locales sostienen que la cifra real supera los 8 mil millones.
