La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la reapertura inmediata de una causa por abuso sexual infantil archivada desde 2009 y cuestionó duramente a los jueces que la manejaron en Santa Fe. El fallo señala que el expediente quedó paralizado durante 15 años, un retraso que violó el derecho a la justicia de la víctima.
La denuncia original fue presentada en agosto de 2009 por la madre de una niña de 12 años que denunció a su tío por abusos cometidos en 2003 en Pilar, Buenos Aires. Tras realizar exámenes ginecológicos y psicológicos en septiembre de 2009, el caso no tuvo avances significativos por años.
Según el tribunal, siete años después no existían avances y recién en 2016 el expediente fue enviado al Ministerio Público para indicar los pasos a seguir. El expediente quedó entre los tribunales de Santa Fe y Buenos Aires, con múltiples rechazos de competencia. Recién en 2020 volvió al Colegio de Jueces de Santa Fe y en 2024 se remitió finalmente al Ministerio Público de la Acusación.
Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte exigió que el Colegio de Jueces de Santa Fe decida “la competencia territorial y dé inmediato trámite al expediente”. Además solicitó adoptar todas las medidas necesarias para evitar que la víctima, hoy adulta, sufra mayor daño al reencontrarse con el sistema judicial.
El fallo calificó como “inadmisible” que se hayan sometido a la niña de 12 años a exámenes invasivos para luego dejar el caso sin movimiento durante años. La Corte calificó esta demora como “grave revictimización” y advirtió que esta conducta es “especialmente repudiada” y no puede repetirse en ningún expediente judicial, mucho menos en casos de delito sexual contra menores.
El tribunal sugirió además evaluar sanciones disciplinarias a los jueces responsables por la prolongada inacción, que atentó contra la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a la justicia, afectando el desarrollo de la investigación penal.
Esta decisión marca un giro después de años de estancamiento y pone presión sobre el sistema judicial para actuar con urgencia en casos de abuso infantil.
