La Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Nacional de Energía (CNE) podrán tomar control temporal de empresas privadas de hidrocarburos bajo la figura de expropiación, según el nuevo Reglamento de la Ley del Sector de Hidrocarburos publicado el 3 de octubre.
Estas medidas aplican en casos de fuerza mayor o riesgos relacionados con la seguridad nacional, energética o económica. El reglamento establece que la ocupación temporal durará hasta 36 meses y solo se dará en situaciones definidas como “utilidad pública”, como guerra, desastre natural o grave alteración del orden público.
La decisión de ocupar, intervenir o revocar permisos será discrecional del Gobierno, que sustituye en estas facultades a la ahora desaparecida Comisión Reguladora de Energía, que hasta hoy regulaba y arbitra conflictos en el sector.
El procedimiento exige que Sener o CNE justifiquen la medida con un análisis técnico y jurídico, detallen los bienes afectados y propongan un programa para garantizar la continuidad de las operaciones durante la ocupación.
En caso de ocupación, el reglamento estipula que se debe indemnizar al permisionario con una compensación a valor de mercado según la Ley de Expropiación, además de reparar daños y perjuicios comprobados.
Las actividades sujetas a esta regulación incluyen almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y almacenamiento de hidrocarburos y petroquímicos. La norma busca que estas operaciones sean consideradas de utilidad pública para justificar la intervención.
Este cambio representa un fortalecimiento del control estatal sobre el sector energético, en línea con la política actual del Gobierno de AMLO, que busca asegurar la soberanía energética ante posibles riesgos nacionales.
Expertos advierten que la facultad discrecional del Gobierno para intervenir empresas privadas puede generar incertidumbre jurídica y afectar inversiones en el sector.
Por ahora, las autoridades tienen en sus manos decidir cuándo y cómo proceder con estos controles excepcionales, con un límite máximo de 3 años y la obligación de pagar indemnizaciones que podrían alcanzar montos significativos.
