La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) ha cerrado definitivamente el informe sobre el naufragio del Villa de Pitanxo ocurrido hace 1.340 días en aguas de Terranova, donde murieron 21 tripulantes y solo sobrevivieron tres.
El informe, revisado en al menos siete ocasiones entre octubre de 2024 y abril de este año, fue finalmente aprobado ayer y considerado clave por el juez Ismael Moreno, titular de la investigación en la Audiencia Nacional. Hasta ahora, ninguna de las partes involucradas—la armadora Pesquerías Nores, el capitán Juan Enrique Padín Costas y sus directivos principales—habían tenido acceso al documento.
La causa principal del hundimiento según la investigación es un claro error humano por parte del capitán al forzar el motor para liberar el aparejo enganchado en el fondo marino. La maniobra fue ejecutada “a las bravas”, con una escora superior a 30 grados, lo que produjo la pérdida de control total sobre el pesquero.
Además, el informe apunta a negligencias previas que comprometieron la seguridad de la embarcación. El buque llevaba tiempo con sobrepeso y obras irregulares de reforma que afectaban su estabilidad, operaba en zona de hielo pese a estar prohibido y mantuvo en marcha equipos críticos sin valorar el riesgo real.
Estas fallas operativas y decisiones negligentes se sumaron a condiciones adversas de fuerte temporal y a prácticas de pesca arriesgadas en el caladero de NAFO, donde el Villa de Pitanxo realizó al menos 19 viajes más pese a las limitaciones legales. La prohibición explícita de navegar en zonas de formación de hielo y de llevar carga sobre cubierta no se respetó, según consta en el informe.
El juez Moreno ha prorrogado la instrucción hasta la entrega final del informe técnico, que permite abrir juicio oral contra el capitán y los principales responsables de Pesquerías Nores, imputados por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave, además de violación de derechos laborales, falsedad documental y encubrimiento.
El hundimiento del Villa de Pitanxo, de 50,3 metros de eslora y 9,7 de manga, ocurrido a finales de abril de 2023, fue un desastre sin precedentes en la pesca española reciente. La combinación de errores humanos, negligencia estructural y decisiones empresariales arriesgadas se tradujo en una tragedia con un impacto profundo para la Xunta de Galicia y la industria pesquera.
El informe también confirma que el motor del buque fue sobreexigido hasta su parada definitiva, algo que nunca antes había provocado un naufragio de esta naturaleza. Esta conclusión desmonta la versión oficial defendida por el capitán y la empresa, que apuntaban únicamente a la avería mecánica como causa.
Ahora queda abierta la fase judicial más importante, con la posibilidad de que se establezcan responsabilidades penales por la cadena de errores y omisiones que acabaron con la vida de la mayoría de la tripulación. El plazo para cerrar la instrucción y fijar la fecha del juicio oral es inminente.
El caso mantiene sobre la mesa una pregunta clave: cómo se permitió operar durante años a un barco declarado ilegal para las condiciones en las que faenaba y con deficiencias tan graves en seguridad y estabilidad.
