Madrid fue escenario el 5 de octubre de una manifestación histórica donde unos 1500 manifestantes salieron a las calles para denunciar lo que califican como una “ocupación agresiva” del campo por megaproyectos energéticos e industriales.
Convocados por el movimiento ciudadano Sauvons le Monde Rural y respaldados por más de 400 organizaciones de todo España, los manifestantes alertaron sobre la proliferación de plantas de biogás y biomethano, la expansión de megafincas y parques eólicos y solares, que, dicen, destruyen el territorio rural.
Amado Goded, portavoz del colectivo Teruel Existe, criticó la política que prioriza el lucro sobre el bienestar del medio rural. “Sin el mundo rural, las ciudades quedan desprovistas de recursos; nosotros demandamos salud y servicios básicos que nos están negando”, dijo a la multitud.
El colectivo Stop Ganadería Industrial aportó datos inquietantes: en Castilla-La Mancha, 50 plantas de biogás están en proceso de autorización y el plan regional prevé entre 113 y 280. De esta manera, se configuran macro-usinas que, según denunciaron, están concebidas para grandes empresas sin considerar impacto ambiental ni salud pública.
Además, más de 13,000 recursos legales han sido presentados contra estos planes, mostró la coordinación de plataformas de vecinos afectados que reclaman el fin de “la colonización del rural por grandes capitales y fondos especulativos”.
Durante la protesta, el escritor Javier Serra leyó un manifiesto llamando la atención sobre la “España vaciada” y la desaparición de pueblos enteros. “Mi pueblo se está muriendo, llevándonos a un país donde la mitad de las 8131 municipalidades tienen menos de 13 habitantes por km²”, dijo visiblemente afectado. La pérdida de escuelas, farmacias, transporte y comunicaciones es palpable.
La Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER) y Salvons el Mundo Rural exigieron una nueva política agrícola común (PAC) que apoye una agricultura familiar sostenible y que frene la precarización del mundo rural, incluyendo mejoras en servicios, vivienda y prevención de incendios.
Los manifestantes concluyeron que desde 2019 ningún plan eficaz ha frenado la despoblación ni las políticas extractivistas disfrazadas de transición energética o proyectos estratégicos, que en realidad impulsan desigualdades y sacrifican los ecosistemas.
Entre los colectivos presentes estuvieron también plataformas anti minas, grupos por la salud pública rural, y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que respaldaron la alianza entre lo urbano y rural para defender un modelo agrícola que garantice soberanía alimentaria.
La protesta deja en claro que la batalla por el futuro de las zonas rurales españolas está lejos de acabar, con miles de vecinos decididos a no ceder ante la presión industrial ni económica que amenaza sus territorios.
