El Gobierno argentino decidió intervenir en las tarifas de luz y gas para evitar aumentos fuertes antes de las elecciones legislativas, aplicando un alza mensual de apenas 2% durante el invierno. Pero esta medida no alcanza a cubrir la devaluación acumulada y la deuda con las petroleras ya supera los US$ 280 millones.
Para contener la inflación, se reforzaron los subsidios a usuarios residenciales, pero el Estado dejó de pagar la diferencia a las empresas productoras que aportan gas al mercado interno. Esta deuda en pesos está complicando la planificación financiera de las petroleras, que operan con costos dolarizados y márgenes reducidos por el precio del petróleo en baja.
Las compañías exigen señales claras para definir inversiones clave en la explotación de gas no convencional en Vaca Muerta, principal reserva del país. Sin liquidez, advierten que no podrán sostener el ritmo de operación y perforación. La falta de inversión amenaza la oferta de gas para el próximo invierno austral y podría presionar al alza los precios y afectar la actividad económica.
En los últimos meses, la deuda acumulada por el gobierno superó el medio billón de dólares, aunque actualmente ronda los US$ 280 millones por gas producido en julio. El sector privado reclama pagos para evitar una paralización.
En paralelo, el Ejecutivo eligió no actualizar los impuestos a los combustibles para no aumentar la carga sobre la población. Desde el Gobierno minimizan el impacto y aseguran que no hay riesgo inminente para las operaciones en Vaca Muerta, pero los datos indican lo contrario.
El peso argentino sigue sobrevaluado y las altas tasas de interés encarecen el financiamiento. La combinación de estas variables genera un escenario adverso para las petroleras.
Las decisiones actuales podrían lejos de frenar la inflación generar un cuello de botella energético en 2026 si no se ajusta la política y se resuelve la mora con las empresas. El sector espera definiciones urgentes para sostener la producción que abastece a millones de hogares argentinos.
