La Policía Metropolitana del Reino Unido intensificó la lucha contra el crimen organizado con una operación que resultó en la incautación de más de 100 armas de fuego en posesión de personas vinculadas al delito.
En el marco del proyecto “Browning”, diseñado para evaluar la validez de permisos de armas expedidos durante años anteriores a individuos con historial criminal o bajo sospecha por violencia, se inició una auditoría que detectó irregularidades significativas. La revisión se basa en la ley de armas, que prohíbe el porte a personas condenadas o investigadas por delitos violentos o conductas de riesgo.
La Policía explicó que más de 300 personas actualmente tienen armas legalmente registradas pero son consideradas de interés operativo por su vinculación con grupos criminales. En controles recientes, 94 personas con permiso legítimo tenían 212 armas. De estas, 81 armas fueron confiscadas tras comprobarse irregularidades, y se iniciaron procedimientos para retirar las autorizaciones restantes.
Las acciones se extendieron por varias regiones. En el centro de Londres y alrededores, las autoridades comenzaron 97 investigaciones formales para revisar los permisos de armas. En la zona oeste, se realizaron 39 procesos administrativos, con 8 finalizados y controles en domicilios sin encontrar armas pero que derivaron en procesos penales. En el norte, se incautaron 19 armas y se constató la desaparición de otras 19 que estaban oficialmente registradas a nombre de investigados.
La policía se mantiene en alerta y apunta a continuar esta operación, que no solo busca la incautación sino también la depuración de funcionarios públicos involucrados. Varios responsables en oficinas regionales han sido imputados por sospechas de abuso de autoridad y otorgar permisos indebidos.
“A través de esta estrategia, contribuimos directamente a mejorar la seguridad colectiva y minimizar riesgos para la población”, dijo un portavoz policial.
La operación refleja un esfuerzo coordinado para controlar la tenencia ilegal y el posible mal uso de armas en comunidades con alta incidencia criminal. Las autoridades aseguran que las medidas se mantendrán en las próximas semanas con énfasis en la revisión rigurosa de permisos, la vigilancia inteligente y la colaboración interinstitucional.
