La Defensoría del Pueblo lanzó un fuerte llamado al Gobierno Nacional por la grave situación de desplazamientos que afecta a más de 60 familias en las veredas Doradas Altas y Tahamí, en Antioquia. Además, otras 33 familias permanecen confinadas, sin poder salir debido a la violencia y la amenaza constante de minas antipersonales.
El organismo reportó dos accidentes recientes provocados por estos artefactos: una persona murió y otra resultó gravemente herida. La Defensoría recordó que estos riesgos fueron advertidos con antelación en el Informe de Seguimiento 009-23 y la Alerta Temprana 045 de 2020, que incluía los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza.
Ante la crisis, exigió la acción inmediata de los ministerios del Interior e Igualdad y Equidad, Prosperidad Social y la Unidad de Restitución de Tierras, para integrarse al Comité Territorial de Justicia Transicional y fortalecer la respuesta institucional.
“Es fundamental que el Ministerio del Interior convoque de manera extraordinaria al Subcomité Nacional de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, para articular acciones de protección y medidas urgentes para las comunidades afectadas por las minas antipersonales”, denunció la Defensoría.
Reconoció los esfuerzos de la Alcaldía de Tarazá y la Gobernación de Antioquia, pero insistió en que se mantenga la atención humanitaria de emergencia y una respuesta articulada y sostenida a largo plazo que permita atender integralmente el desplazamiento, el confinamiento y la contaminación por minas en la región.
La crisis humanitaria en estas zonas refleja la profunda inseguridad que persiste en varios municipios de Antioquia, con comunidades atrapadas entre la violencia y la limitada asistencia estatal.
Hasta el momento, no se ha anunciado ninguna respuesta oficial contundente desde el Gobierno Nacional tras el llamado urgente de la Defensoría.
