El representante a la Cámara por el Cauca, Jorge Bastidas Rosero, aseguró en una reunión reciente que “no tenemos un ejército de contratistas”. Pero la realidad política y las denuncias en Popayán muestran que está lejos de ser así.
En la Secretaría de Tránsito de Popayán, la secretaria Lizeth Vanessa Plazas Quibano, vinculada directamente a Bastidas, revocó de manera ilegal 22 comparendos de tránsito por más de $25 millones que beneficiaron a la madre y esposa del congresista. Expertos en derecho administrativo definieron estas acciones como abuso de autoridad y desviación de poder.
El caso ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría. Y pese a un escándalo público, el alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo mantiene en el cargo a Plazas para que responda a las investigaciones.
Además, el presidente del Concejo Municipal de Popayán, Alex Trujillo, denunció la existencia de un presunto “cartel de las multas” en la Secretaría de Tránsito, donde se comprueban irregularidades en multas de alcoholemia, permisos y contratos relacionados con parqueaderos oficiales.
Pero las denuncias no terminan ahí. Fuentes locales aseguran que Bastidas tendría cuotas políticas en varias instituciones claves: la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Contraloría, la ESAP, el SENA, Cedelca, Nasakiwe, y hasta en la Alcaldía y Gobernación del Cauca. Estas estructuras al parecer sirven para sostener un aparato electoral y clientelista que busca consolidar poder en la próxima jornada electoral.
Paralelamente a esta red de burocracia usada como botín político, se suma una denuncia contra Plazas Quibano por presionar a contratistas para apoyar consultas políticas internas a favor de Bastidas. De confirmarse, confirmarían el patrón de clientelismo que el congresista niega.
Mientras tanto, los ciudadanos de Popayán y el Cauca pagan las consecuencias: servicios públicos deficientes, corrupción abierta y la pérdida de confianza en sus gobernantes.
La incoherencia de Jorge Bastidas no solo radica en negar la existencia de un ejército de contratistas, sino en sostener una estructura política que opera justo con ellos en apoyo a su poder.
Por ahora, la Fiscalía continúa las investigaciones y la presión política en Popayán crece.
